CORDOBA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), Juan Cano Bueso, afirmó hoy que "hubiese sido deseable que la reforma de los estatutos hubiese sido acometida con la vista puesta en la reforma constitucional, si se quiere en paralelo".
En el marco de las I Jornadas sobre la Reforma de los Estatutos de Autonomía, organizadas por la Facultad de Derecho de Córdoba, Cano Bueso recordó que hay un proyecto de reforma constitucional acotado a cuatro puntos (la sucesión en la Corona, la nominación de las comunidades autónomas, el Senado y la mención de la integración en la UE) que "no necesariamente podrían ser susceptibles de reforma". Según dijo, "puede haber otros aspectos en los que mejoraría la funcionalidad del Estado si se acometiesen reformas en orden a la participación o la integración".
De este modo, defendió el nuevo Estatuto de Andalucía y apuntó que "es imprescindible que 25 años después desde el plano de los derechos, competencias y calidad de la democracia se ajuste la nueva realidad de Andalucía con unas nuevas normas que rijan los destinos de la Comunidad Autónoma".
Así, aludió a la necesidad de realizar "un ajuste entre la normalidad y la normatividad, es decir adecuar las normas constitucionales a la realidad social y política subyacente porque cuando existe una discordancia entre la norma jurídica y la realidad política los preceptos se vuelven inaplicables y son pura letra muerta inservible".
Durante su discurso Cano Bueso dijo que "Andalucía aspira a ser una referencia estatal, con una reforma intensa, pero que tiene cabida en el marco vigente de la Constitución Española", a diferencia de la reforma emprendida en Cataluña, que "pretendió elevarse a unos límites que pueden plantear dudas sobre su constitucionalidad", o la planteada por el Gobierno vasco, "que pretendía la ruptura de la Constitución".
El presidente del Consejo Consultivo se refirió igualmente al marco de competencias planteado por el Estatuto aprobado por el Parlamento de Andalucía en materia hidrográfica, asegurando que el proyecto presentado otorga "intensas competencias" a Andalucía sobre el Guadalquivir, pero garantiza la solidaridad interterritorial al dejar en manos del Estado la planificación y la obra pública de interés general.
De este modo dijo que "se salvaguarda el interés de las tres comunidades autónomas afectadas por la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir previendo su participación a la hora de definir las políticas de agua". Así concluyó que "todos ganan, nadie se perjudica y Andalucía consigue poder hacer también una política propia de agua sujeta a la planificación general del Estado".
Por otra parte, el segundo ponente invitado a las jornadas, Jaume Vernet i Llobet, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rovira i Virgilli y miembro del Consejo Consultivo de Cataluña, aseguró que el Estatuto catalán mantiene igualmente esa solidaridad en materia de aguas. En su intervención, Vernet aseguró que la reforma catalana "ha seguido escrupulosamente los límites formales y materiales marcados por la Constitución".
