SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de los Propietarios de Vivienda Protegida de Andalucía denunció que el director general de Vivienda, José Luis Mellado, ha traicionado la confianza de la organización al enviar un borrador del reglamento a otros agentes sociales como a las asociaciones de constructores y, si embargo, no lo envían a la asociación de afectados, por lo que aseguró que existe "agravio comparativo".
En un comunicado remitido a Europa Press, el secretario de la asociación, Carlos Calderón, aseguró que "parece que el señor Mellado quiere continuar legislando en contra de los ciudadanos". Así, agregó que su "ocultismo" al tratar este borrador hace presagiar "lo peor", a pesar de que el PSOE ya ha reconocido públicamente que se ha equivocado con la ley y que será enmendada mediante el reglamento, según indicó ayer José Manuel Domínguez en el pleno de la diputación de Huelva.
Por ello, la asociación se muestra "optimista" por la declaración pública del PSOE al escuchar a los ciudadanos, si bien en este contexto "no entienden el ocultismo del que hace gala José Luis Mellado".
"Si el reglamento, como se anunció públicamente en Huelva, va a enmendar la ley ¿por qué no nos enseña el borrador?", se cuestionó Calderón. Además, opinó que Mellado "parece no estar siguiendo las directrices del Partido Socialista que ya ha decidido corregir la ley y colocarse del lado del ciudadano".
A su parecer, provoca "mucha desconfianza" en la asociación por varias razones, precisando que, por ejemplo, se comprometió a convocar una reunión para Semana Santa y no sólo no lo ha hecho, sino que "ahora ha enviado el borrador a otros colectivos y no a nosotros".
Esta "desconfianza" es especialmente acusada entre los asociados cordobeses, que conocen de cerca la gestión del actual director de Arquitectura y Vivienda de la Junta al frente de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, y que califican de "desastrosa".
Finalmente, Carlos Calderón manifestó que él percibe a Mellado como el "principal obstáculo" para que se solucione este conflicto en que están implicados dos millones de andaluces y que puede ocasionar "graves perjuicios" a sus compañeros en las urnas.