SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha destacado este martes que el nivel de ejecución del presupuesto andaluz de 2018 fue del 93,7 por ciento y ha defendido el saneamiento de las cuentas públicas gestionadas por el anterior Ejecutivo socialista y de las que se informó al nuevo Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) en el proceso de traspaso.
Estos datos serán defendidos este miércoles por el PSOE-A en la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, donde el consejero del ramo, Juan Bravo, informará acerca de la ejecución del presupuesto de la comunidad de 2018.
El delegado de Universidades del PSOE-A y consejero de Economía y Hacienda en la última etapa del Gobierno socialista, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado en rueda de prensa ese nivel de ejecución cercano al 94 por ciento, mientras que también ha puesto de manifiesto que el 99 por ciento de los recursos autofinanciados se han gastado, al tiempo que los que han quedado pendientes en algunos casos tienen que ver con fondos europeos o del estado, que pasan a poder ejecutarse en el ejercicio siguiente porque tienen un carácter finalista.
Ha indicado que se observa, sin duda, una evolución "favorable" en la ejecución presupuestaria, que venía siendo la tendencia de los últimos años.
De otro lado, respecto a las actuaciones del nuevo Gobierno andaluz, Ramírez de Arellano ha denunciado que bien se anuncian "cuestiones que están absolutamente vacías" bien se hacen anuncios de medidas que ya se impulsaron por el anterior Ejecutivo y que se pretende hacer ver que son una novedad. También ha alertado de medidas que pueden apuntar a "privatizaciones", como en el asunto de las listas de espera.
Así se ha referido al anuncio del consejero de Salud, Jesús Aguirre, sobre un plan de estabilización de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde se evite hacer contratos de menos de seis meses.
Ramírez de Arellano ha señalado que en el año 2016, el Ejecutivo de Susana Díaz ya puso en marcha un plan de estabilización de esa plantilla del SAS, que tenía entre sus objetivos dejar de usar la figura de personal eventual y desarrollar estrategias para prolongar los contratos, entre otras medidas. Ha criticado que ahora el actual Gobierno pretenda anunciarlo como una novedad.
De otro lado, ha exigido a la Consejería de Fomento que explique para qué va a utilizar la fórmula de la colaboración pública-privada para el desarrollo de determinadas infraestructuras.
Ramírez de Arellano ha recordado que esa fórmula ya la utilizó el anterior Ejecutivo, como una actuación normal, siempre que los empresarios que participen asuman "algún riesgo".