PSOE-A ve "gran noticia" ampliar las diligencias sobre el SAS en Cádiz y anuncia "ir a por todas" en cada provincia

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha calificado este miércoles como "gran noticia" la ampliación de las diligencias que se siguen en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Cádiz por el fraccionamiento de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con objeto de determinar un posible delito de malversación y que comporta también la calificación de querellados para el exdirector gerente del Hospital Puerta del Mar, Sebastián Quintero, y del director económico financiero de la Central Provincial de Compras de Cádiz, Demetrio González.

Es una iniciativa procesal que adopta el titular del juzgado a instancias del PSOE, personado como acusación popular en la causa, a la que se sumó tras una denuncia de Podemos Andalucía.

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha analizado en rueda de prensa esa providencia de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Cádiz, que adoptó el juez titular el lunes, día 26.

Jiménez, que ha ratificado que la próxima semana el Grupo Socialista recurrirá el archivo de las diligencias previas 2476/2024 que se seguían en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Sevilla y cuyo titular acordó su archivo en un auto del día 22, ha sostenido que "vamos a seguir" propiciando la instrucción judicial de la contratación de emergencia del SAS en la pandemia y pospandemia de coronavirus.

En este sentido ha precisado que "vamos a seguir ampliando la investigación del uso de los fondos públicos sanitarios en todas y cada una de las provincias de Andalucía", por cuanto ha recordado que en un juzgado de Córdoba también se han abierto diligencias previas por contratos menores a instancias igualmente de este partido.

Ha defendido este paso procesal sobre las diligencias iniciales, las 911/2024, que se siguen en el Juzgado de Cádiz y que "inicialmente investigaba exclusivamente la contratación menor y el fraccionamiento posiblemente ilegal, el pitufeo, en la contratación" en esta provincia por parte del SAS, por la necesidad de abordar "el quebranto de los fondos públicos", que ha atribuido a "un comportamiento consciente contra el interés general" por parte "de los responsables del SAS, la propia Consejería y con el conocimiento del Consejo de Gobierno".

El representante socialista ha sostenido que este paso en el juzgado de Cádiz supone "una magnífica noticia para los andaluces" con la premisa de que éstos "son conscientes del saqueo de la sanidad pública andaluza para beneficiar a unos cuantos" y de que esa forma de gestionar esconde "la privatización salvaje de la sanidad conscientemente".

De fondo queda el argumento de los socialistas andaluces que la gestión contractual de la pandemia de Covid pecó de "un uso indiscriminado de la contratación de emergencia en momentos en los que la emergencia había pasado" y que este proceder "beneficia a unos cuantos perjudicando gravemente las arcas públicas de los recursos públicos sanitarios en beneficio de unos amiguetes de algunos".

Con el reproche al Gobierno andaluz de que así "está debilitando, destrozando nuestro servicio público de salud, llevándose por delante la Atención Primaria, las especialidades", el también secretario de Desarrollo Estatutario de la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha ratificado la continuidad de esta estrategia jurídica con el propósito de que "verifiquemos hasta dónde haga falta para saber dónde ha ido hasta el último céntimo de fondos públicos sanitarios que no aparecen por ningún lado y que están detrás del deterioro de la sanidad pública andaluza".

ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS EN SEVILLA: "NOS LLENA DE EXTRAÑEZA"

Sobre el archivo de las diligencias previas que se seguían en Sevilla que se abrieron con el Grupo Socialista como primer denunciante y Podemos Andalucía le secundó en el ejercicio de la acusación popular, ha expresado Mario Jiménez que ese auto de archivo del juez "nos llena de extrañeza" ante el convencimiento de que "queda muchísima cuestión por resolver".

Ha invocado el portavoz socialista de Presidencia en el Parlamento la necesidad de "investigar una parte importante de documentación" que solicitó el propio juzgado" con el agravante de que "no había llegado" y que las partes personadas "no habían dispuesto de ella para poder investigar".

Ha lamentado que este archivo provisional en la sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Sevilla número 13, provoca "una situación de limbo que no podemos permitir", mientras ha señalado que "estamos seguros" que esa documentación pendiente de evaluar "están las pruebas que demuestran que se ha provocado un daño conciente de las arcas públicas de la sanidad".

Ha afirmado Mario Jiménez que esta forma de contratación en el SAS durante el coronavirus y a posteriori obedece a un "diseño de lo más alto de la cúspide administrativa y política andaluza", por lo que ha apuntado en este sentido a "dentro del Consejo de Gobierno", en tanto que ha invocado aquí "que se retiraron conscientemente los controles para permitir un uso indiscriminado sin verificaciones de esos recursos públicos", en alusión a la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente para esos contratos sanitarios, que acordó el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020, por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Con la cuestión de fondo de que "se ha podido producir, presuntamente, un enriquecimiento ilícito de los beneficiarios de esa manera de contratar del Servicio Andaluz de Salud" ha invocado Jiménez la necesidad de evaluar si "las irregularidades administrativas", apuntadas en sucesivos informes de la Intervención Delegada del SAS, tienen "trascendencia penal".

"Nosotros pensamos que hay esa trascendencia penal", ha remachado su argumentación en este sentido, mientras ha seguido sosteniendo que "detrás de toda esa actuación irregular, desde nuestro punto de vista, pensamos que había un comportamiento doloso de la Administración del Partido Popular del Gobierno de Moreno Bonilla" y, consecuentemente, "tienen que responder desde el punto de vista penal en los tribunales".