SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Red Española de Inmigración y de Ayuda al Refugiado ha asegurado este martes que "la situación del sistema de menores no acompañados en Andalucía es, a día de hoy, insostenible" tras argumentar que en estos momentos "se acumulan más de tres meses de impagos, que representan más de 7 millones de euros, por parte de la Junta de Andalucía", circunstancia que ha obligado a que el gasto sea "asumido por unas entidades gestoras que se encuentran al borde del colapso económico".
Esta asociación ha explicado a través de una nota de prensa que, a la demora en el pago del primer trimestre, "se suma el hecho de que la Administración Andaluza ha vinculado la existencia de los centros a una convocatoria de ayudas de la que no se ha dictado prórroga y que, según la legislación de infancia, sitúa en un limbo legal a todos los menores tutelados, puesto que los centros basan su existencia legal en esa convocatoria que, al no publicarse, provoca que queden cerrados de facto".
La Red Española de Inmigración, que dice que "ningún contrato o subvención que justifique la estancia de los 1045 menores tutelados en los centros y se desconoce cuándo se llevará a cabo", ha trasladado que hasta marzo de 2020 no se ha publicado en el BOJA la convocatoria de subvención, momento en que las entidades ya han acumulado tres meses de impagos. En este momento las entidades descubren que la convocatoria "solo cubre un total de 91 días, es decir, los tres meses transcurridos entre enero y marzo ya trabajados, sin fijar tampoco cuál será el momento en que se producirá el pago efectivo".
"Las entidades gestoras han sido un banco que ha prestado a interés cero más de 7 millones de euros en estos tres meses, anticipando todos los pagos de este trimestre y no pueden seguir, además, avocadas a más chapuzas administrativas", ha argumentado el presidente de la Red de Inmigración, Daniel Méndez.
El Defensor del Pueblo Andaluz inició, según ha señalado la Red Española de Inmigración a instancia suya, una investigación sobre la actual sistema de protección a los menores no acompañados en marzo, requiriendo un informe a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ante el potencial abandono de menores y el agravio que supone para los menores no acompañados y el conjunto de los profesionales que trabajan en estos centros.
La Red de Inmigración y de Ayuda al Refugiado ha exigido al Gobierno andaluz "la creación de una prórroga extraordinaria que evitara que a día 31 de marzo los menores se quedaran en situación de desamparo" al no contar los centros con "ningún documento justificativo de su guarda que les permita llevar a cabo cualquier trámite administrativo en su nombre". "El Gobierno desoyó esta solicitud y continuó cargando todo el peso económico y legal sobre las entidades gestoras", ha apostillado esta organización.
La Red de Inmigración ha argumentado que "desde la Junta de Andalucía se ha utilizado la crisis provocada por el Covid-19 para justificar una situación que era insostenible desde hace mucho tiempo.
"Esta crisis ha sacado a la luz un sistema que venía funcionando a base de parches y arreglos de última hora. Es justo reconocer que la Consejería contaba con que el Estado le asignase fondos, pero también es obligado recordar al Gobierno andaluz que las competencias sobre menores son exclusivamente suyas. La crisis del Covid 19 solo ha evidenciado un sistema que ya hacía aguas y que tiene claros responsables políticos", ha lamentado Daniel Méndez.
SIN FINANCIACIÓN DEL ESTADO
Red Española de Inmigración ha sostenido que el origen del problema se remonta a diciembre de 2019, cuando la Junta de Andalucía reúne a las ONG gestoras de centros de menores para trasladarles que no cuenta con recursos económicos suficientes para dar continuidad a los centros que hasta ese momento habían dado este servicio, circunstancia que venía determinada por la negativa del Estado a aprobar otra concesión extraordinaria de ayudas económicas a Andalucía al tratarse la tutela de una competencia propia y exclusiva del Gobierno andaluz.
Esta asociación de atención a los inmigrantes ha señalado que la Consejería solicita a las entidades que mantengan abiertos sus centros sin cobrar por ello y sin que existiera documento alguno que fijara que dichos menores, en tutela por la Junta de Andalucía, residían en dicho centro de forma legal.
La Red Española de Inmigración ha sostenido que en esa circunstancias "deja de existir relación legal entre la Junta y los centros gestores, que se hacen cargo de los menores sin garantía de cobro y sin ningún tipo de seguridad jurídica respecto a la guarda", aunque ha explicado que "si bien la concesión de los centros ya se venía haciendo a través de subvenciones de corta duración, que dificultaban la estabilidad del sistema, y con presupuestos y ratios de personal muy inferiores a las ofrecidas por otras comunidades, esto supuso un paso más en el deterioro del propio sistema de infancia migrante".
A pesar de las dificultades, la mayoría de entidades decidieron mantener sus centros abiertos en pro de los usuarios y esperar a que, una vez obtenidos los fondos por parte de la Junta, se procediera a convocar una nueva subvención.
