SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) ante "la enésima e injustificada" demora en la resolución del concurso de traslados de personal funcionario, convocado hace ya un año y que tiene a "muchas personas en todo el territorio andaluz pendiente de una fecha que de forma recurrente se retrasa una y otra vez sin una causa plenamente justificada".
Las razones que argumentó el pasado día 30 la directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía en la reunión informativa celebrada con las organizaciones sindicales para justificar esta demora en su resolución con el alargamiento de plazos injustificado "se caen por su propio peso", según una nota de SAF, que no ve una causa objetivo que deriva en una toma de posesión retardada en más de dos meses desde la resolución del concurso, que se pretende sea a mediados de julio.
Según ha explicado, el argumento de la Junta de que podría afectar a vacaciones y permisos "se disipa" cuando esta circunstancia está prevista en el punto cuarto del artículo 51 del Decreto que regula estas situaciones. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que se vea afectado el inicio de curso escolar en los centros docentes, el SAF ha instado a tener en cuenta que, de resolverse dentro de los plazos previstos, las tomas de posesión se realizarían entre julio y agosto, por lo que a primeros de septiembre estarían las plantillas estabilizadas y no se verían afectados los centros docentes.
Además, ha advertido de que el número de plazas destinadas en centros docentes es mínimo con respecto al total de plazas ofertadas en toda Andalucía, por lo que el SAF considera que, en realidad, lo que pretende la Junta de Andalucía es "ahorrar gastos al diferir más de dos meses las tomas de posesión".
El SAF ha hecho hincapié en que el retraso en la resolución y tomas de posesión de los distintos concursos "no sólo constituyen una aberración administrativa con la violación de forma grave y manifiesta al derecho a la buena administración recogido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino que además constituye un grave perjuicio económico para los funcionarios que se encuentran desplazados de su provincia de origen, atentando contra el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, reconocido a nivel Ley Orgánica, para aquellos que tengan hijos en edad escolar y cambien de ciudad/domicilio, debiendo cambiar de centro docente una vez iniciado el curso con las graves consecuencias que de ello se derivan".
Por último, ha señalado que este "retraso injustificado" también ha sido puesto en conocimiento de los distintos grupos parlamentarios andaluces por si alguno de ellos desconocía esta circunstancia y el deficiente funcionamiento de la función pública andaluza y las consecuencias que de ello se derivan.
