Santiago (IU) pide a la Fiscalía que actúe contra Hitachi en Córdoba, que "bordea la legalidad penal"

CÓRDOBA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha instado este lunes a la Fiscalía a "abrir una investigación" sobre la actuación contra sus trabajadores de la dirección de la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa, que, a su juicio, "está bordeando la legalidad penal", dando la impresión de que "se han equivocado de siglo", adoptando medidas contra "derechos fundamentales" de sus empleados, "como si no existiera la Constitución".

A este respecto y en rueda de prensa junto al secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, y de miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, Santiago ha dicho que "no deja de sorprender" que, todavía, "nos encontremos con empresas que se han equivocado de siglo, que se comportan como si vivieran en otra época anterior", sin derechos de los trabajadores, anteriores, sin la actual Constitución, y "sin que existiera un Estatuto de los Trabajadores".

Santiago, a quien también ha acompañado la candidata número uno de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa Rodríguez, ha señalado que "no deja de llamar la atención que esto ocurra precisamente en una empresa que tiene beneficios abultados", gracias, entre otras cuestiones, a "la dedicación de los trabajadores", que, "desde hace años, han conseguido ponerla a la cabeza del desarrollo industrial de la provincia".

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha criticado "tanta falta de sensibilidad laboral, tanta falta de respeto a la legislación y tan poca sensibilidad con los trabajadores" por parte de una empresa que, además, "ha recibido subvenciones de la Junta de Andalucía", y que "se ha aprovechado de exenciones fiscales por parte del Ayuntamiento de Córdoba".

Junto a ello y en este punto, Santiago ha recordado que "el motivo de la lucha de estos trabajadores es algo tan sencillo como conseguir un convenio colectivo justo", en el que "no exista una doble escala salarial", par que "los jóvenes trabajadores que se incorporen puedan disfrutar de las conquistas que ellos han conseguido" y, frente a esto, lo que ha hecho la empresa es sancionar a "casi un tercio de la plantilla", con hasta 120 días de empleo y sueldo.

Por eso, el portavoz de IU en el Congreso entiende que "la dirección de Hitachi está bordeando la legalidad penal de este país, y está ya entrando de lleno en una situación de ilegalidad del artículo 315 del Código Penal, y creo que corresponde que la Fiscalía tome cartas en el asunto" y "abra una investigación de inmediato para comprobar" la "evidencia" del "incumplimiento" de dicho artículo.

En este sentido, Santiago ha afirmado que "los tribunales tienen que actuar con la máxima celeridad y dar prioridad a resolver sobre las sanciones" que impuso la empresa a los trabajadores y "han sido impugnadas", de modo que "los tribunales tienen que tomar las medidas inmediatas para que no se dilate en resolver sobre una situación de vulneración de derechos esenciales".

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, Álvaro García Leiva (CCOO), después de mantener Enrique Santiago y Rosa Rodríguez una reunión con la que el comité inicia una ronda de contactos con las instituciones y partidos políticos de cara a buscar apoyos para lograr llegar a un acuerdo con la empresa, ha lamentado que, por el momento, ésta se niega a retirar las sanciones impuestas a 76 trabajadores, 68 de los cuales ya han presentado una demanda en el Juzgado de lo Social.

Tras este encuentro, García Leiva ha anunciado la puesta en marcha de una "caja de solidaridad para ayudar a los trabajadores sancionados, todos ellos afiliados a CCOO", sindicato que ostenta la mayoría absoluta en el comité, agradeciendo García Leiva en este punto "el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba", que se ha comprometido a facilitar espacios para realizar actividades con el fin de recaudar ayuda para los trabajadores sancionados, y de la Diputación cordobesa, que también se ha comprometido a arbitrar ayudas sociales a las familias.

La situación, según ha asegurado, "es bastante crítica", si bien, ha dejado claro que "estamos unidos y ninguno de nosotros va a echar por tierra la fábrica que tenemos en Córdoba, que ha dado de comer a muchas familias, que le da de comer a muchas familias" ahora y que lo seguirá haciendo en el futuro.

Finalmente, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha asegurado que desde su sindicato han "intentado desescalar el conflicto" y "seguimos abiertos a la negociación", de la que "nunca nos hemos retirado", pero "la empresa tiene una estrategia de cargarse a la mayoría de CCOO, que sustenta un buen convenio colectivo, y cargarse las condiciones de trabajo y abaratar los costes de producción".