Sindicatos exigen al nuevo Gobierno andaluz un refuerzo de los servicios públicos: "Lo importante no son los nombres"

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO de Andalucía han instado al nuevo Gobierno andaluz a que el refuerzo y mantenimiento de los servicios públicos sea "el eje central de la legislatura", al tiempo que han señalado que "lo importante no son los nombres" sino "las políticas que desarrollará el nuevo Gobierno".

Por su parte, desde CSIF-A han señalado que después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que "lo importante no son los nombres, sino las políticas" que van a llevar a cabo durante los próximos años.

"Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización", ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, "como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia".

La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe, según ha señalado.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada, a juicio del sindicato.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria --entre maestros y personal de atención a la diversidad-- y otros 1.500 a Educación Secundaria. En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será "que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural", pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50% de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que "CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas".

Por último, el responsable sindical ha manifestado que "el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces", en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

"La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta", ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

Desde CCOO-A, la secretaria general, Nuria López ha aseverado que "lo importante son las políticas que se van a aplicar en nuestra tierra y el impacto en las personas trabajadoras".

De esta manera, ha añadido que "las personas, y las buenas palabras, no pueden tapar las vergüenzas de un acuerdo que pone en riesgo muchos derechos conquistados por las personas trabajadoras de Andalucía".

En este sentido, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha señalado que "no nos preocupan los nombres, nos preocupan las decisiones que adopten y el modelo de Andalucía que quieran construir. Los consejeros y consejeras que hoy asumen sus responsabilidades tendrán que demostrar con hechos si trabajan para mejorar la vida de la ciudadanía o para impulsar un proyecto que suponga un retroceso en derechos y en servicios públicos".

Martín ha enmarcado que el acuerdo de gobierno recoge medidas que generan una "profunda preocupación" para el sindicato por su posible impacto sobre los derechos sociales, laborales y el Estado del bienestar.

UGT Andalucía también ha hecho un llamamiento a la atención sobre la nueva estructura del Ejecutivo, en la que desaparece una consejería con competencias específicas en materia de diálogo social. Hasta ahora, Andalucía contaba con un departamento que situaba el diálogo con los agentes sociales como una de las prioridades de la acción de gobierno.

Por ello, ha señalado el sindicato, la ausencia de esa referencia específica en la nueva organización genera incertidumbre sobre el papel que el Ejecutivo pretende otorgar a una herramienta que ha sido clave para alcanzar acuerdos en materia de empleo, relaciones laborales y desarrollo económico.

"Confiamos en que esta reorganización no suponga una pérdida de peso del diálogo social. Andalucía necesita más diálogo, más concertación y más acuerdos entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, no menos. Estaremos muy vigilantes para que el diálogo social siga siendo una prioridad real y no quede diluido en la nueva estructura del Gobierno", ha afirmado.

UGT Andalucía ha insistido en que mantendrá una actitud de diálogo y responsabilidad institucional, pero ha advertido de que ese diálogo deberá sustentarse en el respeto a los derechos de las personas trabajadoras y al interés general.

"Vamos a juzgar a este Gobierno desde el primer día por sus hechos y no por sus declaraciones. Si las decisiones de los nuevos consejeros contribuyen a mejorar el empleo, reforzar los servicios públicos y proteger los derechos de la ciudadanía, encontrarán en UGT un interlocutor responsable. Pero si optan por los recortes, las privatizaciones, los retrocesos en igualdad, el debilitamiento de los derechos laborales o políticas que enfrenten a la sociedad, tendrán enfrente a UGT Andalucía con toda la firmeza que exige la defensa de las personas trabajadoras", ha subrayado Oskar Martín.

El secretario general de UGT Andalucía ha concluido asegurando que "este no es el momento de las fotografías ni de los nombramientos. Es el momento de demostrar con hechos cuál es el proyecto de Andalucía que quiere impulsar este Gobierno. UGT Andalucía estará vigilante para que ninguna decisión suponga un paso atrás en derechos, libertades o cohesión social. Nuestro compromiso seguirá siendo el mismo de siempre: defender el empleo digno, los servicios públicos y los derechos de la mayoría social".