Los sindicatos lamentan "el abandono" de la Junta al personal que valora la dependencia y reclaman "soluciones urgentes"

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos representantes del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, SAF, CSIF, ISA, CCOO y UGT, han criticado la situación "insostenible y las precarias condiciones de trabajo" de los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, especialmente el colectivo de valoradores de las Unidades de Valoración de la Dependencia.

En una nota conjunta, han manifestado que la Junta "incumple reiteradamente" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con este colectivo, ya que según las organizaciones sindicales, hay "evaluaciones de riesgos ficticias, planificaciones preventivas inventadas, falta de formación e información a los representantes del colectivo, aplicaciones que incrementan la carga psicosocial, el no suministrar el vehículo como equipo de trabajo".

Al mismo tiempo, han declarado que "ahora se les quiere obligar a que cubran una mayor zona de trabajo". Por ello, las cinco organizaciones sindicales han insistido en que la Junta "cumpla de una vez esta Ley", que lleva en vigor desde hace 30 años, "antes de tener que lamentar daños a la salud de este personal".

"La Administración señala a este personal cuando se habla de los terribles atrasos que acumula el sistema de dependencia, ocultando las difíciles condiciones de su ejercicio y las gravísimas carencias de personal. La Relación de Puestos de Trabajo es de 2008, y no está cubierta al completo; en estos casi 20 años la población a atender ha aumentado, ha envejecido y se ha redistribuido, sin que la Junta acometa la labor de refuerzo de personal que corresponde" han señalado fuentes sindicales.

Un problema que "se arrastra" desde la creación del sistema de dependencia es el de la movilidad del personal valorador. Los sindicatos recuerdan que entre las condiciones y requisitos para acceder a su plaza, no aparece el disponer de carnet de conducir ni vehículo propio, por lo que se entiende tácitamente que dicho vehículo tendría que ser suministrado por la "empresa"; no obstante, para la realización de sus tareas de valoración, que requieren desplazamientos a los domicilios de las personas dependientes, a estos trabajadores "no se les proporcionan los recursos necesarios ni ningún medio oficial de transporte, exigiéndoles que utilicen y pongan a disposición del servicio sus vehículos privados".

"No se les compensa el desgaste y coste de reparación de sus vehículos, gastos de aparcamiento, ni el peligro inherente a la conducción continuada entre distintas poblaciones, y en distintos tipos de vías, muchas de ellas en condiciones de accesibilidad peligrosas", han incidido.

Así, han proseguido sosteniendo que "sólo se les abonan los gastos de combustible (con las muy magras dietas actuales de kilometraje, que no se corresponden con el coste real)". "Se han producido accidentes que han supuesto siniestro total del vehículo, sin que la Junta compense absolutamente nada", han señalado.

Por otro lado, ha sostenido que la naturaleza de esta labor, realizando visitas a domicilio, hace que no dispongan de un puesto físico o despacho, por lo que deben realizar sus informes y tareas administrativas "en el domicilio de las personas dependientes, cuando no en establecimientos hosteleros de la zona o en la propia vía pública, sin contar con necesidades básicas de aseo personal".

En palabras del colectivo, "cuando entras en un domicilio no sabes qué te vas a encontrar: desde familiares con enfermedades mentales, hasta animales agresivos, aseos sucios, etc. Incluso hemos llegado a sufrir coacciones y secuestros temporales".

"La situación se agrava por el incremento del número de visitas a realizar y en los procedimientos que hay que llevar a cabo", han manifestado. "Hasta ahora, se valoraba a la persona, y a posteriori otros profesionales elaboraban el Plan Individual de Atención. Ahora, en menos tiempo, hay que hacer el doble de tarea. Es imposible hacerlo con la misma calidad", han reiterado.

"Por todo ello, los cinco sindicatos, instamos a la Junta de Andalucía y a los máximos responsables de la situación expuesta, a que cumplan sus promesas y compromisos con las personas en situación de dependencia, y cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales poniendo a disposición de las Unidades de Valoración de la Dependencia los recursos materiales y humanos necesarios para proporcionar a su personal unas condiciones dignas y saludables de trabajo que les permita realizar sus tareas de forma eficiente y satisfactoria para la ciudadanía en situación de dependencia", han remarcado las fuentes sindicales.