MADRID/SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos y de otros grupos del Congreso de los Diputados --representantes de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias-- contra la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista).
Así lo ha anunciado el TC tras la celebración del Pleno convocado para esta semana, que incluía en su orden del día, en su apartado de dación de cuentas de providencias, el citado recurso anunciado este mismo mes de marzo por Unidas Podemos contra la nueva Ley andaluza del Suelo. El tribunal de garantías ha designado como ponente de este asunto a la magistrada Concepción Espejel.
A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, consultada por Europa Press, la admisión de este recurso no implica la suspensión de la vigencia o de la aplicación de la Lista, ya que la iniciativa parte de un grupo de diputados, y ese supuesto de la suspensión sólo se contempla "en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161.2, de la Constitución para impugnar, por medio de su presidente, leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las comunidades autónomas".
De este modo, una vez admitida a trámite la demanda, y al ser el objeto de recurso una ley dictada por una comunidad autónoma --en este caso Andalucía--, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma "a los órganos legislativo y ejecutivo" de la región "a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas".
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó la Lista el pasado 25 de noviembre con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, la abstención del PSOE-A y el rechazo del grupo Unidas Podemos por Andalucía --que presentó dos enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley-- y de los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.
La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional de Unidas Podemos por la provincia de Córdoba, Martina Velarde, defendió la interposición de este recurso para frenar una ley con la que, según opinó, el Ejecutivo autonómico de PP-A y Cs pretende volver "a las épocas la especulación" y la "depredación medioambiental", así como "a la cultura del pelotazo" para "enriquecer a unos poquitos a costa de todos los andaluces", pensando en "ganar unos cuantos votos" de cara a las próximas elecciones.
POSIBLES "MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD"
En concreto, entre los posibles "motivos de inconstitucionalidad" en los que se apoya Unidas Podemos para justificar este recurso señalan la decisión del Gobierno de PP-A y Cs de tramitar esta ley "por procedimiento de urgencia cuando constitucionalmente no está justificado hacerlo para tramitar una norma sobre urbanismo que no precisaba de aprobación urgente".
Así, en su recurso, consultado por Europa Press, el grupo confederal alude a una supuesta vulneración de los artículos 1.1 y 23.2 de la Constitución, 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 98 y 99 en relación con los artículos 110 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Andalucía, "por cuanto el texto del proyecto de ley se tramitó y aprobó por el procedimiento de urgencia, en lugar de por el procedimiento común, de tal manera que se afectó manera cierta e injustificada al ejercicio efectivo del derecho a la participación política de los poderes estatuidos, por la falta del presupuesto de hecho habilitante para optar por tal procedimiento excepcional".
En su recurso al TC, desde Unidas Podemos subrayan que la decisión de la tramitación por el procedimiento de urgencia a un proyecto de ley "exige la concurrencia efectiva de poderosos motivos y razones que justifiquen, y expliquen la necesidad de acudir a un procedimiento excepcional, frente a la tramitación ordinaria del proyecto normativo".
"Dada la entidad e importancia que para la articulación y ordenación territorial de una región tienen nada menos que su legislación urbanística, que el inicio de la tramitación de lo que finalmente sería el anteproyecto de ley de la Lista tuvo lugar casi un año antes de que estallara la pandemia y la crisis económica causada por el Covid-19 y el carácter netamente estructural de las determinaciones de la norma adoptada, resulta patente que no se ha justificado objetivamente el empleo del trámite de urgencia en detrimento del trámite ordinario", sostienen desde Unidas Podemos.
Además, el grupo de la confluencia de Podemos e IU considera "evidente que la reducción del tiempo para la formulación de enmiendas y aportaciones al proyecto de ley tuvo el doble efecto de dificultar el normal desempeño de la función parlamentaria" de los diputados autonómicos, y "de empeorar la calidad del texto resultante de un debate parlamentario que no pudo enriquecer con las plurales aportaciones y su adecuado debate la ley finalmente aprobada".
SUPUESTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL
Por otro lado, otros supuestos motivos de "inconstitucionalidad" en los que se apoya Unidas Podemos para recurrir esta ley de la Junta al TC tiene que ver con la presunta vulneración del principio de autonomía local que reconoce la Constitución, en tanto que, en opinión de este grupo, la norma "interfiere en los intereses de los municipios que les son propios impactando de forma directa en el medio ambiente y en la búsqueda de un desarrollo sostenible".
Desde Unidas Podemos argumentan al respecto que la ley andaluza considera usos ordinarios en suelo rústico las actividades mineras y los "megaproyectos" de energías renovables, "lo que lleva a considerar un mega-parque eólico o fotovoltaico en la misma categoría que un cultivo de hortalizas".
Por tanto, según este grupo, "desaparece de futuro la actual protección del suelo no urbanizable especialmente protegido; espacios que conviene preservar por su destacado valor cultural, ecológico, medioambiental, de biodiversidad o paisajístico".
EL GOBIERNO CENTRAL, TAMBIÉN DISCREPANTE CON LA LEY
Por otro lado, el pasado lunes, 21 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) daban cuenta de que las administraciones central y autonómica han acordado crear un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Gobierno de España sobre 42 artículos y una disposición adicional y otra final de la citada ley andaluza del suelo.
Ambas administraciones acordaron "comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional" tras la reunión de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.
VERSIÓN DE LA CONSEJERÍA
Sobre este asunto, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ya afirmó que "la ley es respetuosa con las autonomías locales y tiene como objetivo garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente, por este orden", defendiendo que la nueva Ley del Suelo es una ley "moderna que quiere acabar con el caos urbanístico andaluz, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico".
Después de que uno de los motivos que esgrimiera Unidas Podemos para recurrir al TC contra dicha ley sea que se tramitó por la vía de urgencia en el Parlamento andaluz, la consejera ha defendido que la Lista "se tramitó en el contexto de la crisis sanitaria por el covid-19 y, dado su impacto sobre la economía, se aplicó la vía de urgencia por razones de interés público".
