La acusación intenta acreditar que "la acción es continua todos los meses" y calcula gastos de entre "500.000 y 800.000 euros" desde 1990 a 2012
LUCENA (CÓRDOBA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El tesorero del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Benamejí ha manifestado este jueves ante el juez que él era "quien rellenaba las hojas de liquidaciones con las dietas" del exalcalde, el socialista José Ropero, y el edil de Urbanismo, Francisco Hoyos, ambos imputados en la causa que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lucena, aunque aclara que "rellenaba como decían" dichas personas.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la acusación particular, que indican que el tesorero, que ha declarado en calidad de testigo, una vez que "rellenaba" las hojas con las dietas, "las pasaba al secretario interventor", que, según la acusación, "es cuando se da el caos y no hacían ningún control ni verificaban si ambas personas habían ido algún sitio o no", y tras ello "se daba la orden de pago".
En este sentido, las fuentes precisan que "el tesorero firmaba el cheque y daba orden de transferencia", pero, subrayan, "no tiene control absoluto sobre la legalidad de la dietas y la justificación de documentos". Por tanto, consideran que no hay indicios de que el tesorero "tuviera algo que ver", porque "tanto Ropero como Hoyos le señalaban", y apuntan que su declaración "sirve para meter piezas al puzzle y el caso está más claro que va a juicio, porque cada vez hay más piezas para probarlo".
Mientras, comentan que queda por determinar "si la investigación se alarga hasta el año 1990", como solicita parte de la acusación, o "se quedan en las dietas o gastos de representación de 2002 a 2012", que es lo que en estos momentos se investiga.
Al respecto, la acusación intenta "acreditar que la acción es continua durante todos los meses desde el inicio", a principios de los años 90, de manera que prevé en próximas semanas presentar una nueva ampliación de la denuncia, con "dietas de la década de los 90 que no se han podido aportar hasta ahora". Así, calculan de media entre "500.000 y 800.000 euros en dietas o gastos de representación que se ocultaban en la contabilidad, desde los 90 al año 2012", a lo que añaden que "hay meses que superaban los 3.000 euros".
En definitiva, desde la acusación entienden que "está más claro el proceso y quiénes son los partícipes e ideólogos", de tal forma que consideran que "de los 40 señalados no irán todos imputados a juicio, sino que algunos irán de testigos y otros ni siquiera serán citados". Los delitos que supuestamente se han cometido son malversación, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, a juicio de parte de la acusación.
"UN SISTEMA DE COBRO EN B"
En concreto, en este caso están personados como acusación particular IU, PA y PP, y a tal efecto por parte de IU y PA ya han ampliado la denuncia contra el exalcalde y han solicitado que declare de nuevo ante el juez, tras supuestamente cobrar un "sueldo ilegítimo" que recibía mes a mes.
En la denuncia consideran que el ex primer edil supuestamente creó "un sistema de cobro en B" en el Ayuntamiento por el que se embolsó entre los años 2000 y 2007 un montante de 63.036 euros para sufragar "gastos de servicio" y que, al parecer, recibía en mano.
Esta cantidad se suma a las dietas que Ropero y otros ediles percibieron de manera "irregular" durante años, unos hechos por los que está abierta la causa judicial en la que el exalcalde está imputado y ha declarado ante el juez. También han declarado ya como imputados el teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Hoyos, y dos secretarios interventores.
La nueva denuncia detalla que el Pleno aprobó en febrero del año 2000 una asignación mensual a Ropero por valor de 80.000 pesetas como "indemnización por razón de servicio". En 2003, el importe subió a 900 euros, dinero que percibía "sin necesidad de justificación" y "con independencia de las asignaciones por asistencia a órganos colegiados".
Además, contablemente, dicha mensualidad "no se encuadró como indemnización por razón de servicio, sino que fue sistemáticamente camuflada en el asiento contable de gastos diversos", según consta en la denuncia. En ocasiones, el dinero procedía de las partidas de protocolo y otras veces, de publicidad y propaganda.
Según la acusación, se trata en todo caso de "partidas que en modo alguno se pueden justificar bajo la entrega mensual de una indemnización al encausado en mano, puesto que no estaban destinadas a pagos de carácter indemnizador". El documento remitido al juez incide en que "el camuflaje contable impidió la fiscalización externa de las partidas ilegales ante cualquier organismo público".
"UN SALARIO ILEGAL"
La denuncia resalta la "consciencia de los actos", pese a lo cual el sistema de pago se mantuvo "durante años" con la presunta "ocultación de un salario ilegal", todo ello después de que Ropero desempeñó su cargo como alcalde "sin acogerse a la modalidad de dedicación exclusiva, por lo que teóricamente no podía percibir retribución o sueldo del Ayuntamiento", excepto las cantidades correspondientes a asistencias a las reuniones de los órganos de gobierno municipales o las indemnizaciones por gastos soportados en actividades realizadas en el ejercicio de su función. A estos conceptos responden las dietas investigadas.
La denuncia también indica que Ropero "habría cobrado estos gastos de representación todos los días, incluidos los festivos y fines de semana". Y ello independientemente de que "hubiera ido al Consistorio o, inclusive, en periodos de baja por enfermedad o accidente", subraya el documento.
Incluso los cobró, presuntamente, en días en los que se encontraba fuera del municipio y en los que también percibía dieta por sus desplazamientos. La acusación solicita al juzgado que Ropero comparezca por segunda vez, "de manera urgente" y en calidad de imputado, para aclarar estos ingresos y que los nuevos documentos puedan aportarse a la instrucción.
"NO HA HABIDO PERJUICIO"
Cabe recordar que en mayo del año pasado, Ropero defendió ante el juez que "no ha habido perjuicio económico" al erario público en el caso del supuesto cobro irregular de dietas, al tiempo que destacó que "todas las cantidades indebidamente cobradas, según la Intervención, se han devuelto íntegramente". Ropero percibió 49.676 euros por dietas "irregulares" entre 2002 y 2012, según determinó la comisión de investigación creada en el propio Consistorio.
A principios de junio de 2013, la Fiscalía Provincial pidió imputar "a todos los beneficiarios" que cobraron las dietas supuestamente irregulares en el Ayuntamiento de Benamejí, una circunstancia que implicaría a casi 40 personas. La Fiscalía remitió las actuaciones al juzgado decano de Lucena para su reparto, al tiempo que dio traslado al Tribunal de Cuentas a efectos de determinación de alguna responsabilidad contable.
Fue el PA en Benamejí, que actualmente no cuenta con representación en el Pleno municipal, el que en verano del año 2013 llevó el caso a la Fiscalía, que tras meses de indagar en la documentación aportada pidió al juez de Lucena que abriera una investigación penal para aclarar los hechos.
