BAENA (CÓRDOBA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los dos empleados municipales y los empresarios, incluido el que originó el caso con su denuncia y luego se retractó, a los que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena (Córdoba) ha imputado en relación con el caso de las llamadas 'facturas falsas', no recurrirán el auto del juzgado baenense y optan por ir a juicio, para "defender su inocencia".
Según dijeron hoy a Europa Press fuentes cercanas al caso, las defensas de los dos funcionarios del Ayuntamiento de Baena, a los que el juez de Baena imputa la presunta comisión, en grado de autoría, de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, y los abogados del presidente de la Sociedad de Cazadores de Baena, de un constructor y del empresario que denunció, también imputados por los mismos delitos, pero como cooperadores necesarios, están de acuerdo en no presentar recurso de reforma, ante el juzgado baenense, contra el auto emitido por el propio juzgado.
Dicho auto, al que ha accedido Europa Press, establece que se sigan las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado, según determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra los imputados en este caso, por la presunta comisión de los delitos ya indicados.
A pesar de ello, los abogados defensores no recurrirán dicho auto, pues están "satisfechos con la instrucción" del caso realizada por el juzgado baenense y entienden que la misma les confiere base suficiente para mantener la inocencia de sus clientes en un juicio, poniendo así punto final a un caso que, finalmente "será la Audiencia Provincial de Córdoba la que lo resuelva".
DENUNCIADO EN 2007
Fue la denuncia de un empresario en julio de 2007 la que dio origen al caso, aunque unas semanas después cambió de abogado y se retractó, alegando que denunció bajo presiones, amenazas y engaños lo que ha investigado el juzgado baenense, es decir, el presunto pago de facturas falsas por el Consistorio a varias empresas que, supuestamente, luego devolvían al Ayuntamiento el dinero, sin el IVA, para así obtener trato de favor en adjudicaciones de obras.
Sin embargo, el empresario se desdijo poco después, alegando que denunció por las citadas presiones y que lo hizo también para ocultar a su entorno familiar determinados gastos personales, asegurando desde entonces, y así lo ratificó en su última declaración en el juzgado el pasado 12 de marzo, que las facturas no son falsas, pues recibió los pagos del Ayuntamiento por ejecutar obras reales, "que están hechas, presupuestadas y con su correspondiente expediente". De hecho, esta última versión la han acreditado varios informes periciales.
Las declaraciones del pasado 12 de marzo en el juzgado del empresario y de su primer abogado, lo mismo que la de su hermano, su contable y la de los guardias civiles que llevaron la investigación y le acompañaron a denunciar al juzgado, tuvieron por objeto aclarar si el empresario fue presionado para que denunciara y también sobre las amenazas que supuestamente recibió cuando se retractó.
Se da la circunstancia de que la contable del empresario es también la esposa del cabo de la Guardia Civil que abrió la investigación y cuñada de la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz, que está personada en este caso como acusación particular. Las diligencias previas por el caso de las facturas las abrió el juzgado baenense en 2007, como pieza separada del caso de urbanismo, que también lleva desde ese año el mismo juzgado.
