Garrido califica el parque comercial como "el Algarrobico de Granada"
GRANADA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Verdes de Andalucía, personado como acusación popular en el 'caso Nevada', estudia emprender acciones legales contra las medidas de seguridad autorizadas recientemente por la Audiencia Provincial en el Parque Comercial paralizado por orden judicial en Armilla (Granada), entre las que se incluyen el cerramiento e impermeabilización de la cubierta.
Así lo indicó hoy a Europa Press el portavoz confederal de la formación ecologista, Francisco Garrido, quien consideró que la nueva autorización permitirá "avanzar más en la construcción" del Nevada, que Los Verdes ve como "el Algarrobico de Granada". Asimismo censuró que el Ayuntamiento de la localidad, la Junta de Andalucía y el promotor, Tomás Olivo, estén intentando conseguir una solución extrajudicial al edificio, con "un acuerdo de compensación con suelo", para que "salga adelante" esta "barbaridad urbanística".
Garrido no ve creíbles los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sobre la generación de empleo que supondría el Nevada, "porque va a destruir más que a crear", por la afectación que supondría al pequeño comercio de la zona, que recibiría "un golpe muy fuerte". "A Granada le sobran este tipo de ofertas, y tiene ya cubierto el cupo de grandes centros comerciales en el área metropolitana. No es necesario uno nuevo y no se puede salir de la crisis con los mismos remedios", mantuvo el portavoz.
De igual manera, consideró que si el Nevada entra finalmente en funcionamiento "habrán ganado los especuladores y los corruptos" y todo lo que se afirma sobre protección de la Vega quedará "en papel mojado". "Nos preocupa mucho que esto se inserte en un marco de involución en política urbanística, donde se está permitiendo todo. Parece que no se haya aprendido nada del pasado", afirmó Garrido, que invocó al informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre disciplina urbanística para poder hacer frente al "tsunami del ladrillo".
Los Verdes cree que el "único fin" del Nevada es la "demolición" y aboga en ese sentido por una protección real de la Vega, con la que, según Garrido, "hay una doble moral, porque en cuanto se puede todo el mundo le pega el primer bocado". "La Vega está cada vez menos protegida y si el Nevada sale adelante será muy difícil parar todos los proyectos que la amenazan", advirtió.
Los Verdes de Andalucía solicita en su escrito de conclusiones provisionales cárcel para los once imputados por la supuesta tramitación irregular del Nevada, entre ellos el ex alcalde de la localidad, José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate y el promotor de la construcción, Tomás Olivo.
PETICIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA FISCALÍA
La formación cree que la existencia de diferentes informes que apreciaban irregularidades en la tramitación del Nevada imposibilitaban el otorgamiento de la licencia de obras a la empresa General de Galerías Comerciales S.A., por lo que ésta se concedió siendo los miembros de la Junta de Gobierno Local "conocedores" de la "ilegalidad" de la misma. La situación, en opinión de Los Verdes, sólo podría solucionarse mediante la demolición de lo ilegalmente construido para restaurar el estado de los terrenos anterior a las obras.
La Fiscalía, que imputa también a once personas, también solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción --también imputado en el 'Caso Malaya'-- lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
