GRANADA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
UPyD ha anunciado este lunes que no alcanzará ningún pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Armilla (Granada) para los próximos cuatro años y estudia la posibilidad de abstenerse en el pleno de investidura para que gobierne el PSOE al haber sido la lista más votada, en el marco de las directrices marcadas por el partido en todo el territorio nacional.
No obstante, esta alternativa está condicionada a que el cabeza de lista socialista y alcalde en funciones, Gerardo Sánchez, no esté imputado ni procesado, extremo que estudian ahora los miembros de UpyD en Armilla para tomar una decisión en el municipio, donde han obtenido tres ediles, frente a los nueve del PSOE, los seis del PP, los dos de IDEA y el concejal de IU.
Así lo han señalado en rueda de prensa el coordinador de UPyD en Armilla, Víctor Vega, y la coordinadora local de Granada, Mayte Olalla, quien han garantizado que la formación no tiene ninguna pretensión de pactar un acuerdo de gobierno "incondicional" ni mucho menos ostentar la Alcaldía.
De este modo, sólo se plantean un apoyo puntual en el pleno de investidura al PP y los independientes si fuera necesario evitar que Sánchez gobernara en caso de estar imputado y el resto del mandato se basaría en acuerdos concretos basados en su programa electoral.
Concretamente, fuentes socialistas han informado a Europa Press de que Sánchez está imputado por un supuesto delito de injurias a raíz de que el regidor denunciara en primer lugar, cuando era delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada, a un particular, un empresario, por injurias y éste le denunciara a él después, situación que "no está relacionada con su cargo como alcalde".
"No vamos a pactar con nadie, no habrá tripartido en Armilla ni UpyD tendrá una concejalía", ha garantizado Vega, quien ha recordado que la preferencia de su partido es que gobierne la lista más votada y, en caso contrario, cualquier apoyo puntual en el pleno de investidura estará condicionado a una auditoría, una bajada generalizada de los sueldos y la supresión de gastos de protocolo entre otras medidas encaminadas a dotar de mayor transparencia la gestión municipal.
