CÓRDOBA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobó hoy con los votos a favor de IU y PSOE y el voto en contra del PP la aprobación inicial del Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba.
En rueda de prensa, el presidente de la GMU, Francisco Tejada (IU), explicó que el documento emana del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, sobre todo, de un compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba de "proteger los valores naturales de la Sierra de Córdoba" y "ordenar de forma adecuada esta vasto espacio que supone una superficie aproximada de 30.000 hectáreas, es decir, un 30 por ciento aproximadamente del término municipal de Córdoba".
El Plan Especial de la Sierra ha sido redactado, bajo la dirección de técnicos de la GMU, por un equipo multidisciplinar que incluye a expertos de la Universidad de Córdoba (UCO) coordinados por el catedrático José Roldán Cañas, después de la firma de un convenio entre las dos instituciones.
Tras un periodo previo de información y análisis, este equipo realizó un exhaustivo diagnóstico de la problemática de la Sierra de Córdoba, como por ejemplo, la ocupación del dominio público, la contaminación y sobreexplotación de acuíferos, el impacto por uso y actividades no reguladas, actividades extractivas, incendios forestales, deforestación y erosión, etc.
El responsable de la GMU explicó que después de este completo diagnóstico sobre la situación de este enclave natural, el equipo redactor trazó unos objetivos que se resumieron en el avance del Plan Especial para la ordenación del territorio, el fomento del aprovechamiento sostenible, la protección y conservación de los valores naturales existentes, la puesta en valor del dominio público, la protección del patrimonio histórico, la prevención contra los riesgos naturales y la restauración de áreas degradadas. Se pretende también su uso potencial como atractivo turístico, pero siempre en respeto a la protección del entorno.
ACTUACIONES CONCRETAS
En concreto, el Plan de la Sierra propone once actuaciones concretas para la puesta en valor de un espacio que apenas dista unos metros del propio casco urbano de la ciudad de Córdoba y que se extiende como un gran corredor verde de Este a Oeste entre los parques naturales de Cardeña-Montoro y de Hornachuelos.
Las actuaciones son la potenciación y creación de nodos estratégicos para recibir e informar al visitante, la creación de un parque periurbano en la zona de La Palomera y el entorno del arroyo Pedroche. Asimismo, el plan contempla la creación de un parque recreativo en el entorno del embalse de San Rafael de Navallana, la puesta en valor de la red de miradores municipales de la Sierra de Córdoba y la creación de un observatorio natural nocturno en el Cerro de Torre Árboles para fomentar el estudio de la astronomía.
De igual modo, la intervención se centrará en la recuperación y adecuación de una red de senderos municipales tradicionales, la reconversión del antiguo trazado ferroviario entre Córdoba y Almorchón en Vía Verde y la recuperación, dotación y puesta en uso de las zonas de baño tradicionales en la Sierra de Córdoba.
También se creará una red de microrreservas faunísticas, se elaborará un catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y se planificará una serie de medidas y proyectos encaminadas a la restauración de áreas degradadas.
Tejada señaló además que el Plan de la Sierra establece una ordenación para las más de 30.000 hectáreas de enclave natural a proteger. Así, fija una ordenación de Suelo no Urbanizable en categorías y subcategorías según las determinaciones contenidas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Además, se plantea una normativa urbanística que regula los usos y edificaciones para el ámbito de la sierra, prohibiendo aquellos que suponen una amenaza para la conservación de los elementos naturales y definiendo los usos compatibles: recreativos, turísticos no residenciales y equipamientos, en cada una de las calificaciones de suelo establecidas.
Según explicó el responsable municipal, una vez que el documento es aprobado inicialmente, se someterá a exposición pública para el periodo de alegaciones y seguidamente se pedirán los informes sectoriales para su posterior aprobación provisional.
PARCELACIONES ILEGALES
Sobre las parcelaciones ilegales en la sierra, Tejada explicó que el plan especial ordena y regula aquello que permite el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es decir el suelo no urbanizable de especial protección, excluyendo el urbano y el no urbanizable con parcelación. De este modo, recordó que eso es lo que aprobaron todos los grupos municipales cuando se aprobó el PGOU 2001-2003. Además, explicó que en diciembre de 2009, con la adapatación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se ratificó que la ordenación de suelo urbano y no urbanizable con parcelación queda en exclusiva para que se ordene a través del PGOU.
Así, concretó que para regular parcelaciones habría que revisar los criterios vigentes en el PGOU y en la adaptación a la LOUA, además de innovar el plan general. Por ello, insistió en que "cualquier actuación en el plan especial que llevase a clasificar suelo con parcelación sería ilegal".
CARRETERA DE PALMA
Por otro lado, el consejo rector aprobó también con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención del PP la propuesta de resolución de alegaciones y aprobación provisional del Plan Especial de Protección y Ordenación Urbanística de Carretera de Palma del Río, que finalmente contempla que la superficie de las naves ilegales de la antigua Colecor que tendrá que derribar el empresario Rafael Gómez se incrementará, llegando al 37,5 por ciento, frente al 25 por ciento que se contemplaba en un primer trámite.
De este modo, de los 10.000 metros cuadrados que en un principio se iban a derribar, de los 40.000 metros que ocupaban las naves, finalmente serán 15.000, una vez que se ha estimado una de las alegaciones que se presentó al documento.
Finalmente la GMU aprobó la propuesta de división en fases y la recepción de la primera fase de las obras de urbanización del Parque Tecnológico Rabanales, de 250.000 metros, que va a permitir la implantación del Centro de Incubación e Innovación Empresarial. El proyecto se adjudicó la semana pasada a La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Jiménez y Carmona S.A. (Jícar) y Gea 21 por algo más de siete millones de euros.
