Visto para sentencia el juicio contra dos acusados de estafar vendiendo parcelas sin edificabilidad

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio señalado para este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial contra dos empresarios, identificados como R.M.G. y A.C.S., a quienes la Fiscalía atribuye un supuesto delito continuado de estafa que habrían cometido con la venta de unas parcelas sin edificabilidad en el municipio de La Guardia (Jaén), ha quedado este miércoles visto para sentencia, después de que las distintas partes hayan elevado a definitivas sus calificaciones iniciales.

Así lo ha indicado a Europa Press el abogado que ejerce la acusación particular en representación de la sociedad mercantil Tecnonasia, una de las supuestamente estafadas en el marco de esta actuación, que pide para cada uno de los encartados una pena de siete años de cárcel por un supuesto delito continuado de estafa agravado, entre otras, por la circunstancia de "abuso de confianza".

La Fiscalía considera a las dos personas procesadas autoras del mismo delito, pero la pena que solicita es menor, de cuatro años y seis meses de cárcel, fijada ya así en su escrito de calificación inicial del caso, en el que relata que los enjuiciados vendieron a terceros parcelas en La Guardia destinadas a la construcción de viviendas en ellas cuando realmente éstas carecían de "edificabilidad" en virtud de un acuerdo plenario adoptado a raíz de una solicitud de los propios acusados.

Sin embargo, el acusado A.C.S. --titular entre 2003 y 2006 junto al otro encartado, R.M.G., de la empresa 'Procolar S.L.'--, ha mantenido durante su declaración en el juicio, que ha concluido pasadas las 14,00 horas, que la "transferencia de edificabilidad" que supuestamente aprobó el Ayuntamiento guardeño a petición suya para que estas parcelas fueran de uso social "nunca se llegó a realizar".

En esa línea, ha llegado a acusar al Ayuntamiento de "mentir", y ha argumentado que "no tiene nada que ver" con un convenio urbanístico firmado entre el Consistorio y 'Procolar S.L.' para el "aumento de edificabilidad para uso social a costa de uso residencial" en el Plan Parcial El Arrabal-Ciudad Jardín Entrecaminos, que aparece citado en un edicto firmado por el alcalde de La Guardia, Juan Morillo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 10 de mayo de 2004.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el 27 de marzo de 2003, en su calidad de promotora de las obras del plan parcial y proyecto de 'Ciudad Jardín (Entrecaminos)', 'Procolar S.L.' solicitó por escrito al Ayuntamiento de La Guardia un "cambio de edificabilidad" de viviendas, de modo que determinadas parcelas pasasen a ser "suelos destinados a equipamientos sociales".

El Ayuntamiento de La Guardia aceptó dicha solicitud mediante un acuerdo del Pleno de la Corporación el 14 de octubre de 2003, según la versión del Ministerio Público, que en su escrito señala que esa modificación afectaba, entre otras, a dos parcelas que, años después, los acusados vendieron como suelos supuestamente con edificabilidad.

En concreto, el 17 de octubre de 2006, el apoderado de Procolar "concertó con J.M.G.G. contrato de compraventa" de una de dichas parcelas, un documento en el que se "hacía constar" que ésta tenía "una superficie de 1.300 metros cuadrados y una edificabilidad sobre rasante de 200 metros cuadrados".

Igualmente, los encartados supuestamente vendieron el 8 de mayo de 2006 la otra parcela referida a otra empresa mercantil por un precio total de 160.350,04 euros, IVA incluido, mediante una operación de compraventa de la que se constituía "como objeto de la misma la parcela indicada con una superficie de 1.112 metros cuadrados y una edificabilidad de 200 metros cuadrados".

Así las cosas, según subraya el fiscal, "los acusados procedieron a la venta de parcelas cuyo destino era la de edificación de viviendas (...) a sabiendas de que sobre dichas parcelas no resultaba posible la edificación en cuanto que carecían de la misma, conforme a las normas urbanísticas de aplicación y en virtud del mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Guardia de 14 de octubre de 2003".

El Ministerio Público cifra en 50.000 euros el "perjuicio económico irrogado a los perjudicados" de lo que considera un delito continuado de estafa, por el que pide para cada uno de los procesados una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como la imposición de una multa de cinco euros diarios durante doce meses.

Además, interesa que indemnicen con 155.300 euros al particular al que vendieron la primera parcela citada, y con 138.232 euros a la mercantil con la que suscribieron el segundo contrato de compraventa, todo ello por "los daños y perjuicios irrogados" a ambos actores.