SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los aproximadamente 20 personas del 15M Vivienda Sevilla han dado por finalizado el encierro que mantenían desde esta mañana de jueves en la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para pedir la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía, tras ser recibidos por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, con quien volverán a mantener una reunión en los próximos días.
Fuentes del colectivo han señalado a Europa Press que Meyer los ha recibido alrededor de las 18,00 horas para escuchar sus argumentos y explicaciones y no la consejera del rama, Elena Cortés, como pedían, si bien han decidido dejar la sede del organismo.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han indicado a Europa Press que la secretaria general de Vivienda de la Junta ha recogido la propuesta de este colectivo, de forma que en "en próximos días" prevén que se celebre una reunión entre la Junta y este movimiento.
La Junta ha dejado claro que "siempre estará abierta al diálogo" y ha recordado que la participación "permanente" de movimientos sociales "forma parte del ADN de la Consejería".
El 15M Vivienda Sevilla señala que "la crisis económica y financiera que asola Andalucía ha amenazado y deteriorado hasta tal punto las condiciones del ejercicio del derecho a la vivienda, que permite hablar con toda propiedad de la existencia de una catástrofe habitacional sin precedentes", por lo que, añaden, que "al igual que se haría con otras calamidades públicas, es precisa la declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía".
En un documento que acompaña a la petición del Declaración del Estado de Emergencia Habitacional, se describe Andalucía como la "la región que más está sufriendo la actual situación de crisis". Según el 15M, en esta Comunidad Autónoma hay 2.653.693 de personas en riesgo de pobreza, el 31,7 por ciento de la población total, y la tasa de paro ha alcanzado un 36 por ciento en el último trimestre de 2012, "un dato similar al de Afganistán y superior al de Camerún", llegando hasta el 65 por ciento en la población juvenil.
En 2011, según sus datos, Andalucía fue la región donde se produjo el mayor número de ejecuciones hipotecarias, 16.313, y el segundo mayor número de lanzamientos, tras la Comunidad Valenciana, un total de 9.864. En contraste con estos datos en Andalucía se han estimado más de 500.000 viviendas vacías, siendo la provincia de Sevilla la quinta en el ranking nacional con 125.000 viviendas vacías.
La consecuencia es "una creciente población desahuciada o en riesgo de desahucio por dejar de pagar su alquiler o su hipoteca, decenas de miles de personas en Andalucía se ven forzadas a vivir en la calle, en chabolas, en estructuras temporales, en locales y garajes, en coches y furgonetas y en espacios con obsolescencia constructiva y funcional, expuestos a situaciones de peligro e insalubridad".
Según el 15M Vivienda, "la factura psicológica de los desahucios supone para las personas un intenso estrés, baja autoestima, ansiedad, angustia y depresión, la rotura de sus redes de identidad, produciéndose una reconstrucción traumática de su vida".
Consecuencias, según indican, también para los menores que viven un desahucio. "Cuando un menor junto con su familia pierde su casa, también pierde su colegio, su guardería y su círculo de amistades, el drama del desahucio supone un hecho traumático que deja secuelas psicológicas en los menores y pone en serio riesgo su bienestar general y su adecuado desarrollo".
"DECENAS DE MILES DE POTENCIALES DESPLAZADOS"
Según afirman, "una estimación conservadora del número total de personas en Andalucía que están amenazadas con perder su vivienda, las que la han perdido en los últimos años y las personas que no tienen acceso a una, sería del orden de decenas de miles de potenciales desplazados". A esto le añaden las personas con problemas de habitabilidad, con lo cual "la cifra se dispara a los cientos de miles" y señalan que, en casos de desastres naturales, han sido necesarios un número mucho menor de afectados para que se declare el estado de emergencia.
En su demanda, afirman que "la Junta de Andalucía tiene la obligación de atajar esta catástrofe y los instrumentos legales y materiales para hacerlo". En este sentido, aluden a la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía, que configura la gestión de emergencias como un deber de la Administración y la define como "situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos".
La declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía, según el 15M, supondría, en primer lugar, "alentar a la población al ejercicio de su derecho/deber de autoprotección", tal y como establece el artículo 5.2 de dicha Ley. Este caso, según el 15M, corresponde al de "cientos de personas han tomado la sensata decisión de oponerse a los desalojos de sus viviendas o la de ocupar viviendas vacías, mientras los poderes públicos reprime de diversas formas esta práctica".
Entre las medidas de "carácter excepcional" que recoge la Ley se contemplan, asimismo, "acordar la permanencia en domicilios" y "ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos en las Leyes".
Según el 15M, "la adopción de este tipo de medidas permitiría la suspensión de la ejecución de las órdenes judiciales de lanzamientos de viviendas de residencia habitual, poner a disposición de las personas necesitadas cientos de viviendas ociosas y facilitar los suministros de agua y energía eléctrica o gas a aquellas personas que por diversas razones se encuentran privadas de los mismos".
Con la declaración del Estado de Emergencia Habitacional se exigen otras medidas, como "la inmediata puesta en uso de la vivienda pública y de VPO vacante, el inmediato cese de desalojos de viviendas públicas, la aplicación taxativa de la normativa de VPO que obliga al uso como residencia habitual de la vivienda de tal carácter y a la intervención decidida de los servicios de protección del consumidor frente a los abusos bancarios".
