Unos 500.000 hogares andaluces acceden al 'bono social' con la liberalización del mercado eléctrico

Actualizado: jueves, 3 septiembre 2009 13:43

Soler cifra en un 30% las pymes y grandes consumidores que disfrutan de tarifas más baratas al inicio del mercado libre

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler, cifró hoy en medio millón los hogares andaluces que se han beneficiado de la nueva tarifa eléctrica reducida o 'bono social', que congela hasta 2012 el precio de la electricidad a aquellos colectivos más vulnerables, tras la entrada en vigor el día 1 de julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) con la aprobación del Real Decreto que reforma el sistema tarifario eléctrico español.

En comparecencia parlamentaria, Soler explicó que los andaluces favorecidos por el 'bono social', mecanismo creado por el Gobierno de la Nación para proteger a determinados colectivos, han sido aquellos consumidores con una potencia contratada menor a 3 kilovatios (kw), los pensionistas mayores de 60 años con prestaciones mínimas, las familias numerosas y aquellas cuyos miembros se encuentren todos en situación de desempleo.

En este sentido, por lo que respecta a los consumidores con una potencia contratada superior a diez kilovatios, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, ya han optado por tarifas en el mercado libre que suponen un ahorro medio del 12 por ciento, según el último informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El consejero señaló que más de 50.000 consumidores de más de diez kilovatios ya disfrutan de una tarifa libre, elegida por ellos mismos entre las ofertas de los distintos operadores. De este modo, prácticamente un 30 por ciento de las pymes y grandes consumidores disfrutan en estos momentos de tarifas más baratas al inicio del mercado libre. Además, estimó que en los próximos meses se incrementará la actividad comercial de las eléctricas en beneficios de los consumidores.

El titular de Innovación, quien recordó que las competencias sobre la liberalización del mercado eléctrico y las nuevas tarifas corresponden al Gobierno central, subrayó que el Gobierno puso en marcha esta norma para que los consumidores "no tuvieran que soportar aquellos costes de transacción que pudieran derivarse del paso de un mercado regulado a uno libre".

Esta normativa contempla un conjunto de medidas destinadas a resolver el problema producido por la deuda acumulada durante los últimos nueve años por el denominado déficit de la tarifa eléctrica. Así, la nueva normativa garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico y articula un mecanismo de protección para los consumidores más indefensos, según indicó Soler.

Asimismo, destacó la labor del Gobierno andaluz que ha colaborado en la difusión de este cambio a través de las Consejerías de Innovación y Salud y Consumo, el teléfono gratuito de Atención al Consumidor y con la edición de folletos informativos y cuñas de radio.

Por su parte, el parlamentario del Grupo Popular Salvador Fuentes criticó el modo de realización de la liberalización del mercado eléctrico en España y del cambio tarifario, quejándose de la falta de información otorgada a los consumidores, así como a las empresas, pymes y autónomos.