Piden las dimisiones de Sanz y Paradela por sus declaraciones al considerar que suponen un "insulto" a los vecinos
SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Barrios Hartos ha celebrado este jueves una rueda de prensa en el centro cívico de Su Eminencia, lugar donde se inició el primero de los encierros promovidos para protestar contra las repetidas y prolongadas interrupciones en el suministro de electricidad en diversos barrios desfavorecidos de Sevilla, rechazando "los argumentos" de Endesa respecto a que las incidencias deriven de las acometidas ilegales para cultivos de marihuana en viviendas y reclamando "medidas urgentes" para acabar con esta situación, ante la cual la empresa está instalando nuevos transformadores.
En este sentido, mientras días atrás la Junta aseguraba que según la información proporcionada por Endesa "al menos el 85 por ciento de los cortes tiene que ver con enganches", es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica, los representantes de esta plataforma han esgrimido la tesis de la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla, según la cual "no hay ninguna evidencia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respalden la afirmación" de que las acometidas ilegales a la red eléctrica para cultivos de marihuana dentro de viviendas son las principales causas de las prolongadas interrupciones del suministro eléctrico en estos barrios.
Estos fallos en el suministro eléctrico en barrios desfavorecidos como Su Eminencia, Torreblanca o el Polígono Sur, zonas marcadas por el paro y la carestía donde diversas voces avisan de falta de mantenimiento en las redes de energía y otras señalan las acometidas ilegales a la red; acontecen en un contexto de temperaturas extremas y por ende altas cotas de demanda de energía; pesando también la incidencia de los cultivos interiores de marihuana y las acometidas ilegales para alimentar los mismos, que saturan las infraestructuras energéticas.
ENDESA Y LA JUNTA
Los representantes del colectivo, ante la tesis de Endesa sobre el papel de las acometidas ilegales en estas incidencias, avisan de que la empresa esgrime datos "sin ningún organismo independiente que haya supervisado y realizado una auditoría" sobre sus informes, exponiendo que la labor "supervisora y auditora del suministro corresponde a la Junta de Andalucía", que "otorga veracidad" a Endesa pero "sin aportar ninguna prueba o dato propio".
Es más, han defendido que en los barrios afectados por estas incidencias, "la población está al corriente de lo pagos de sus facturas" eléctricas, si bien de todos modos, "en ningún caso se puede justificar por la supuesta existencia de impagos los cortes del suministro a poblaciones enteras", además en momentos de temperaturas extremas.
Según su tesis, en el asunto pesa una situación de "abandono de las infraestructuras" de distribución energética y de escaso "mantenimiento" de las mismas.
"Los centros de transformación que están fallando tienen décadas de antigüedad, no habiéndose conocido ninguna reforma de envergadura", aseveran, reclamando a Endesa "dotar a la infraestructura de la capacidad para dar el adecuado suministro eléctrico", pesando el compromiso de Endesa de instalar ocho nuevos centros de transformación este mismo mes, más otros cuatro más adelante, mediante obras ya iniciadas en algunos casos.
"MEDIOS PROVISIONALES"
Empero, los activistas han apostado por "la instalación de medios provisionales de forma inmediata, para asegurar el abastecimiento de energía a las zonas afectadas, con independencia de las obras necesarias que solventen las carencias de las infraestructuras actuales".
Asimismo, el colectivo Barrios Hartos ha pedido a las administraciones que muestren "sensibilidad" con el "sufrimiento" de la población, "procediendo a la instalación de los medios" que demandan. Concretamente, han solicitado al Ayuntamiento de Sevilla que "actúe de oficio querellándose contra Endesa" para "exigir responsabilidades civiles y penales que correspondan a la gravedad de los hechos que representa dejar a oscuras durante noches enteras las calles de miles de vecinos".
En paralelo, han reclamado las dimisiones del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, por sus declaraciones sobre el papel de las acometidas ilegales en estas incidencias, considerando que tales palabras constituyen un "insulto" para los vecinos de las zonas afectadas.
