Agentes locales y Junta crean un grupo de trabajo técnico para analizar la situación del colectivo

Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 8 julio 2014 17:08

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) y la Junta de Andalucía han creado este martes un grupo de trabajo técnico para analizar la situación del colectivo, después de mantener una reunión con los consejeros de la Presidencia y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Jiménez Barrios y José Sánchez Maldonado.

En un comunicado, la Junta ha detallado que en la reunión han estado presentes los representantes de las ocho provincias andaluzas del colectivo de Agentes Locales de Promoción de Empleo, así como la secretaria general de Administración Pública, Lidia Sánchez Milán, y el secretario general de Empleo, Antonio González.

En el encuentro celebrado en la sede de la Consejería de Economía han acordado abordar la situación del colectivo de ALPE creando un grupo de trabajo técnico que profundice en el diálogo para analizar la situación del colectivo.

Asimismo, el próximo día 22 de julio se celebrará la primera reunión técnica entre los representantes de los trabajadores y de ambas secretarías generales de Administración Pública y Empleo, según se ha acordado en el encuentro de este martes.

Los dos consejeros han trasladado al colectivo de trabajadores la voluntad de la Junta de Andalucía de acatar las resoluciones judiciales que se produzcan en relación a este colectivo.

Por su parte, el colectivo de ALPE ha valorado la reunión, que comenzó pasadas las 13,00 horas y ha durado una hora, como un "primer acercamiento" con el que se comenzará a analizar a un nivel técnico la situación de los agentes locales de promoción de empleo para "exponer soluciones".

"Nos llevamos el compromiso de sentarnos a discutir la situación y nos encontramos a la espera de volvernos a ver el 22 de julio", ha subrayado fuentes de los ALPE a Europa Press.

SENTENCIAS

El colectivo ALPE está formado por 696 trabajadores y 89 directivos. De los 696 trabajadores, un total de 106 cuenta con sentencia favorable del Tribunal Supremo, que obliga a la Junta a su reincorporación. El resto del colectivo tiene sentencia del TSJA que da la razón, por el contrario, a la Junta de Andalucía, si bien están recurridas ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Andalucía, que ha reiterado su voluntad de acatar cualquier fallo judicial, ha planteado un incidente de nulidad por incongruencia del fallo del Tribunal Supremo, se ha dirigido al TSJA para que aclare en qué condiciones se tendrían que producir las incorporaciones que ha dictado el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que "no existe ni dotación presupuestaria, ni plazas creadas para su ocupación, además de las restricciones recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y las limitaciones de la tasa de reposición del diez por ciento de la plantilla, impuesta también por el Gobierno Central".

DE 26,7 MILLONES A 1,1 MILLONES

Según insistió el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, este pasado lunes la Junta se vio obligada al cese de los agentes después de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dejase "definitivamente sin cobertura presupuestaria el mantenimiento de estos técnicos de desarrollo local en Andalucía".

En este sentido, el Ministerio de Empleo redujo la partida de Programa de Fomento de Desarrollo Local en distribución a las comunidades autónomas de los fondos para Políticas Activas de Empleo. Pasó de 26,7 millones en 2011 a 1,1 millones en 2012, manteniéndose esta reducción hasta 2014.

Sánchez Maldonado también apuntó que el PP además rechazó en el Congreso enmiendas destinadas a corregir esta situación, tanto en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 como en 2013.

De igual manera, no obtuvo respuesta positiva la petición de un plan especial de empleo para Andalucía que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, reclamaron a la ministra Fátima Báñez en una reunión celebrada en julio de 2012.

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