SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Obras y Vivienda, Rosa Aguilar, anunció hoy que el 90 por ciento de los municipios andaluces, un total de 700 localidades, ya cuentan con la configuración de sus registros municipales de vivienda aprobadas, como paso previo a la formalización del instrumento en sus respectivos plenos.
Antes de participar en el encuentro 'La vivienda en Andalucía: Un derecho, una obligación', junto con los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero, Aguilar explicó Aguilar que la Comunidad se encuentra "muy avanzada" en el desarrollo de este registro, que ya se encuentra abierto en la capital cordobesa.
"Los ayuntamientos en un ejercicio de responsabilidad están actuando con celeridad ante una pieza clave como son los registros", atajó la consejera, que recordó que se trata de una normativa "pionera que hace efectivo un derecho ciudadanos, que podrán reclamar antes los tribunales para exigir su cumplimiento".
Asimismo, esperó que el borrador para la configuración del Observatorio de la Vivienda esté listo a principios de mayo, para que pueda ser aprobado antes de agosto. El documento recogerá los principios básicos que regirán el funcionamiento de este instrumento, que realizará el seguimiento y control de la aplicación de la Ley de Vivienda y presentará la "radiografía exacta" de la demanda de vivienda en Andalucía.
En este marco, insistió en que la normativa andaluza en esta materia supone un "salto cualitativo hacia adelante" y cuenta con "un extraordinario valor en términos de consenso".
Por otra parte, insistió en que las entidades financieras deben cumplir los compromisos adquiridos. "Si hay un acuerdo global y unas cumplen con lo acordado y otras miran para otro lado, es bueno que lo conozcan los ciudadanos", añadió.
"En la obra pública, la colaboración público-privada y el desarrollo de la ley de la vivienda es necesario que los bancos den un paso adelante y liquidez, financiando obra y vivienda para dar un impulso definitivo al desarrollo empresarial", sentenció.
BANCOS Y CAJAS, "A LA ALTURA"
Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, indicó que para que se cumpla el plan es clave el hecho de que se ponga en marcha la construcción de vivienda e hizo un llamamiento a la responsabilidad de las entidades financieras "que no están a la altura de lo que demanda la sociedad y están impidiendo que el esfuerzo de las Administraciones públicas y de los trabajadores se vea reflejado".
Así, pidió a la Junta que determine quienes son las entidades que no cumplen con lo firmado y solicitó un impulso a la rehabilitación de viviendas "para crear empleo e impulsar el bienestar en los barrios andaluces", además de que los planes de ajuste de los presupuestos no se vean reflejados en este sector.
Subrayó que a medio y corto plazo, dicha planificación supondrá "un cambio espectacular" en el sector de la construcción, "que se ahormará a las necesidades que existen de la demanda social". "La vivienda no será un instrumento mercantilista sólo para la especulación, sino para cubrir un derecho de la ciudadanía y que redimensionará el sector de la construcción sin convertirse en una burbuja espectacular de especulación y de economía irregular como la que ha contribuido de forma importante a estar en la actual situación de crisis", atajó.
PLANES "EN TIEMPO REAL"
En este contexto, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, apostó por mantener el compromiso en el desarrollo de esta normativa, con la interlocución con la Consejería y con la intervención de ambos sindicatos.
"La ley es algo crucial para consolidar un derecho ciudadano al acceso a una vivienda digna, que se ha convertido en una realidad en Andalucía", señaló el sindicalista, que explicó que ahora hay que analizar como se van cubriendo las necesidades específicas de los municipios andaluces.
Pastrana pidió que se desarrollen planes "concretos en tiempo real para que cualquiera que lo necesita tenga acceso a una vivienda de acuerdo a sus posibilidades económicas" y afirmó que los sindicatos se convertirán en "canalizadores de la demanda" para garantizar el funcionamiento del sistema.