LORA DEL RÍO (SEVILLA), 14 May. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Lora del Río (Sevilla), el socialista Francisco Javier Reinoso, ha manifestado que la causa incoada hace años por el Juzgado mixto número dos de dicho municipio por la decisión adoptada en 2005 de dejar de pagar las cuotas de un préstamo concertado en 1986 entre el Ayuntamiento y el antiguo Banco de Crédito Español (Banesto), está "totalmente cerrada". Reinoso, quien figuraba como imputado junto al propio interventor, argumenta que hace ya "mucho tiempo" que el Juzgado no requiera nada al Ayuntamiento por este asunto.
"El asunto está totalmente cerrado. Estoy tan tranquilo, que ni siquiera he preguntado en los juzgados", ha dicho a Europa Press el alcalde, quien señala que después de que él y el interventor del Ayuntamiento prestasen declaración como imputados el 29 de julio de 2013, hace ya "mucho tiempo que el juzgado no requiere al Consistorio" información, documentos o comparecencias.
"El caso está cerrado", ha insistido el primer edil, quien por cierto no opta a la reelección y recuerda los ataques políticos sufridos a lo largo del mandato por esta causa judicial.
Para explicar los hechos en cuestión, recordemos que fue en 1986 cuando el pleno del Ayuntamiento de Lora del Río aprobó una operación de préstamo valorada en 117 millones de las antiguas pesetas, 703.184,6 euros corrientes. El 28 de octubre de 1986, el préstamo fue suscrito con el Banco de Crédito Español pero, en 1992, fecha de vencimiento del crédito, la operación había derivado en una deuda de 790.330,92 euros a cuenta del "impago" de las cuotas y sus intereses de demora.
INTERVENCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
Aunque el Ayuntamiento y la entidad bancaria acordaron una refinanciación de esta deuda, dicha operación fue incluida en un "saneamiento de activos tóxicos" promovido por el Fondo de Garantía de Depósitos a cuenta de la intervención de la citada entidad bancaria a manos del Banco de España. Finalmente, en febrero de 2005, el Consistorio dejó de satisfacer la deuda debido a las "dudas" que rodeaban a la operación en cuestión dada la intervención del Banco de España.
El Banco de Crédito Español, no obstante, reclamó por la vía Contencioso Administrativa "el capital pendiente", que en 2006 se elevaba a 517.920,53 euros. Primero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río, y luego la Audiencia Provincial, condenaron al Ayuntamiento al pago de esta cuantía, sus intereses de demora y las cosas del procedimiento judicial, lo que se traduce en un total de 885.569,21 euros.
Dada la decisión adoptada en 2005, los concejales Alfonso Morales (LIS), José Antonio Contreras (PA) y el no adscrito Francisco Ramón Montanero denunciaron al alcalde por un presunto delito de prevaricación al sospechar que decidió "dejar de satisfacer las cuotas" del mencionado crédito "sin tramitar expediente administrativo alguno" y pese a que el visto bueno a la operación había nacido en el pleno de la corporación municipal.
Durante su comparecencia judicial como imputado el 29 de julio de 2013, recogida por Europa Press, el alcalde reconocía que la decisión de suspender los pagos fue meramente "verbal", pero eso sí, manifestaba que tal extremo respondió a un "análisis" económico del préstamo que resolvía, según sus palabras, que la deuda "podía estar saldada" y que "incluso Banesto podría ser deudor con el Ayuntamiento". Según Reinoso, "en ningún momento" consideró que pudiera tratarse de una "decisión ilegal" dados los "indicios" de que los pagos habían superado el "crédito inicial" y el "interés" general de esta medida.
El alcalde, igualmente, defendía que él y no el pleno tenía las "competencias" para decidir la suspensión de los pagos, manifestando que para ello le amparaba la Ley de Bases de Régimen Local. El interventor, de su lado, aseguraba que, en efecto, en 2005 se realizó una "actualización" del estado del préstamo según la cual mediaba un "exceso de pago" de 399.000 euros y que Banesto "nunca contestaba" a los requerimientos cursados para arreglar este desajuste.
