Alcaldes de IULV-CA entregan un manifiesto en el Parlamento en el que reivindican un nuevo sistema de financiación local

Diego Valderas Y José Manuel Mariscal, Hoy En El Parlamento
EUROPA PRESS/IULV-CA
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 22 diciembre 2011 17:26

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de IULV-CA de la provincia de Sevilla, acompañados por el coordinador general de la federación y el diputado José Manuel Mariscal, han registrado este jueves un manifiesto en el Parlamento andaluz, como consecuencia de la situación "de extrema gravedad" que atraviesan los entes locales, y el que demandan, entre otras cuestiones, un nuevo marco legal estatal y autonómico de régimen y financiación local.

En el citado escrito, que también ha sido entregado al consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, por parte de Diego Valderas, se solicita también la redefinición y delimitación del marco competencial de las entidades locales respecto al Estado y a la Junta, posibilitando transferencias de competencias y recursos en la próxima legislatura.

La puesta en marcha con carácter urgente de un plan de rescate municipal entre el Estado y la Junta para que los ayuntamientos afronten las deudas pendientes con pymes y autónomos y la recuperación de planes de empleo públicos que permitan dar respuesta a las demandas de trabajo de los parados en los pueblos de Andalucía son otras de las reivindicaciones de IULV-CA.

Asimismo, los doce alcaldes de la provincia de Sevilla que se han manifestado a las puertas del Parlamento han pedido también que se mantengan las inversiones de los planes provinciales de las diputaciones en los mismos niveles del ejercicio presupuestario de 2011 y que se exija al Gobierno central la ampliación de jornadas de trabajo a través de los planes de empleo rural.

De igual modo, los primeros ediles solicitan a la Junta un plan de rehabilitación del parque de viviendas, una moratoria sobre la devolución del déficit acumulado e iniciar un marco de diálogo para establecer el montante de 'deuda histórica' pendiente de la Junta con los ayuntamientos por asunción de competencias impropias.

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