SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
Sevilla ha sido declarada Municipio de Rehabilitación Autonómica durante 2009 por parte de la Junta de Andalucía, lo que permitirá potenciar la rehabilitación y conservación de viviendas privadas por parte de particulares dentro de la ciudad.
Tal y como informó en un comunicado el delegado de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la Junta ha atendido la petición del Ayuntamiento de Sevilla para acogerse a este programa "cuyo objeto es ayudar a las familias con recursos limitados, que promuevan actuaciones de rehabilitación de sus viviendas cuyo destino sea residencia y habitual y permanente de sus propietarios o inquilinos".
Así, el edil indicó que la Gerencia de Urbanismo consignó 400.000 euros en los presupuestos de este año como ayuda complementaria a la subvención directa que aporta a la Junta de Andalucía.
Los beneficiarios de las ayudas autonómicas deberán tener unos ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (Iprem), y las viviendas deben tener una antigüedad mínima de diez años y una superficie mínima de 24 metros cuadrados. Además, no deben estar calificadas urbanísticamente como fuera de ordenación y presentar una condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención a practicar.
Las ayudas podrán ser de hasta el 50 por ciento de las obras a realizar, y hasta un 70 por ciento en caso de que el beneficiario sea titular de la tarjeta 'Andalucía sesentaycinco'. "Gracias a las ayudas aportadas por la Gerencia de Urbanismo la subvención llegará al 80 por ciento del coste final", explicó Gómez de Celis.
El presupuesto máximo de ejecución material de las obras será de 12.000 euros para aquellas obras de rehabilitación que no afecten al conjunto del sistema estructural de la vivienda, y 18.000 euros como máximo si afecta al sistema estructural.
Las obras que se pueden realizar con cargo a las ayudas previstas en el Programa de Rehabilitación Autonómica son alcanzar condiciones suficientes de seguridad estructural y constructiva, mejorar la protección contra la presencia de agua y humedades, la iluminación natural y la ventilación interior, las instalaciones de los suministros de agua, gas y electricidad.
A ellas se suman las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las necesidades de personas con discapacidad, las condiciones de eficiencia energética, el acceso a los servicios de telecomunicaciones, audiovisuales y de información, y la disposición y las dimensiones de los espacios interiores.
