SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, no ha querido este jueves "especular" sobre si su citación a declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) afectará al pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos en Andalucía, así como tampoco ha querido "especular" sobre si esto puede llevar a su dimisión.
Arellano ha sido citado para el día 10 de mayo tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).
A preguntas de los periodistas tras visitar la XIV Feria de la Ciencia, en Sevilla, el consejero ha explicado que la cuestión de fondo es administrativa y "lo que toca es explicarlo", aunque ha señalado que "no hay ninguna novedad", sino que era algo "esperado".
Cuestionado sobre si afectara al pacto entre PSOE y Ciudadanos, Arellano ha dicho que no es la persona que debe hablar de eso. "Me permitirán que no especule sobre esta cuestión", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que "la actuación de la Universidad de Sevilla, en todos sus estamentos, ha sido nítida, transparente y correcta". "Considero que es normal que pidan explicaciones y hay que darlas", ha cerrado.
Cabe recordar que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha citado a declarar como investigado el próximo día 10 de mayo, a las 10,00 horas, al consejero de Economía y Conocimiento, que goza de aforamiento, todo ello después de que el Ministerio Público le denunciara por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
La citación se produce después de que, el pasado día 12 de abril, el Alto Tribunal andaluz dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla.
El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra" del Centrius "que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros".
