BORMUJOS (SEVILLA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), gobernado por Francisco Molina (PSOE) junto con Cs, ha aprobado un "régimen sancionador" a través de la modificación de su Reglamento de Organización Municipal, en el que aquellos concejales que no respondan a sus obligaciones sufrirán un "descenso de sus asignaciones" económicas por las asistencias a los órganos de la institución municipal.
La medida afecta tanto a los ediles del Gobierno Municipal, conformado por el PSOE y Cs, como a los de la oposición. Su objetivo, según el Ayuntamiento, es "dar respuesta a la ciudadanía y exigir a los concejales el cumplimiento de sus deberes como representantes del pueblo, no sólo en lo referente a su asistencia sino a su comportamiento, alcanzando las sanciones muy graves hasta una cuantía de 3.000 euros".
El régimen sancionador fijado en el título VII del ROM, en su artículo 78, establece que las "ausencias injustificadas a las sesiones de los órganos colegiados de los que los concejales o concejalas formen parte" serán amonestadas por escrito si se producen una primera vez, aspecto considerado como infracción leve.
"Si ocurre dos veces será una infracción grave y se le impondrá una sanción de la reducción del 25 por ciento del importe correspondiente a dicha sesión. Si continúan de forma repetida las ausencias injustificadas, a partir de tres casos, se tipificará como sanción muy grave y la sanción alcanzará el 50 por ciento de la cuantía que se reciba por acudir a este órgano, incrementándose en un 5% a partir de la cuarta", especifica el Ayuntamiento.
Si la actitud o comportamiento de los ediles en las sesiones plenarias derivan en una expulsión, se ha fijado también en la primera ocasión como infracción leve con una sanción de la reducción del 50% del importe de la asistencia. Será infracción grave en caso de una segunda expulsión, con reducción del 75 por ciento, y a partir de la tercera vez "no recibirá retribución alguna por esa sesión".
"Las sanciones leves podrán alcanzar hasta los 750 euros, las graves los 1.500 euros y las muy graves los 3.000 euros. A ello hay que añadir que el ROM establece que en el supuesto de que se realice a un concejal tres llamadas de atención y posterior expulsión de las sesiones plenarias y sean constitutivas de algún delito tipificado en la Ley, la Presidencia podrá reservarse el derecho de emprender acciones legales contra los miembros de la Corporación lo hayan provocado".
