El Ayuntamiento de Sevilla avisa de que no es "competente" para el "control" del vertido de la mina de Aznalcóllar

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla ha debatido una moción del Grupo de Podemos e IU, a votar en el próximo pleno ordinario, sobre los vertidos de residuos previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar en el tramo del río Guadalquivir correspondiente al estadio de la Cartuja. Mientras la coalición de izquierdas pide aspectos como un "control sanitario de las aguas con informes semanales sobre los posibles niveles de toxicidad", el Gobierno local del PP ha avisado de que el Ayuntamiento no tiene competencias para tal tarea.

El asunto deriva de la próxima reactivación del complejo minero de Aznalcóllar, marcado por la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del recinto, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A.

La alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis,
que cuenta con los nuevos derechos de explotación del recinto, ha obtenido el ya dictamen ambiental favorable de la Junta de Andalucía, de cara a la reanudación de las extracciones; ante lo cual la moción, defendida por la edil Susana Hornillo (Podemos), reclama "garantizar que las afecciones de este proyecto sobre el río a su paso por Sevilla cumplen con los requisitos sanitarios y ambientales estipulados por ley".

A tal efecto, Hornillo se ha hecho eco de los cálculos de Ecologistas en Acción, según los cuales la reactivación del recinto minero supondrá un "vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura" del río, toda vez que el Gobierno andaluz del PP viene defendiendo de su lado la inspección escrupulosa del cumplimiento del proyecto en materia de aguas.

La edil ha señalado por su parte que la reapertura de la mina puede suponer "la plena conversión del Guadalquivir en un río de sacrificio cuyo principal uso a su paso por el entorno de la capital hispalense será recoger residuos tóxicos de actividades industriales".

La iniciativa elevada por la coalición de izquierdas a la Comisión de Control pide así al Gobierno municipal del PP aspectos como un proceso de información y consulta pública por parte del Ayuntamiento sobre las afecciones del volcado de residuos tóxicos al Guadalquivir en lo relativo a localidades afectadas o colindantes, así como un informe municipal sobre la compatibilidad del planeamiento urbanístico local con las instalaciones y la actividad del vertido en la zona del punto de volcado.

PETICIONES CONCRETAS

La moción emplaza además al Gobierno local del PP a velar por que el proyecto, que cuenta con el dictamen ambiental favorable de la Junta, competente en materia de medio ambiente, "cumpla con rigor la normativa vigente en lo referente a la ciudad, toda vez que el proceso de adjudicación (a México-Minorbis) se encuentra judicializado", en una causa judicial que aborda la decisión de adjudicación sin abarcar aspectos ambientales.

Además, la propuesta incluye otras peticiones como incrementar el control sanitario de las aguas con informes semanales sobre los posibles niveles de toxicidad y presencia de metales pesados y la señalización específica del Guadalquivir como "río industrial" por la recepción de vertidos mineros.

Y mientras la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU, defienden que el proyecto cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, revitalizando así el desarrollo económico de la zona; la edil de Podemos ha avisado de su posible "impacto" en las actividades agrícolas, de ocio, deporte y turismo.

"RIESGO" PARA LA AGRICULTURA Y EL TURISMO

Según Hornillo, "la presencia de agentes tóxicos en las aguas no sólo pone en riesgo la economía de poblaciones del entorno dedicadas al cultivos como el arroz o la pesca, sino que también puede ocasionar un impacto negativo sobre lugares enfocados a acoger al turismo de veraneo cercano a las aguas del Guadalquivir".

Durante el debate de la moción en el seno de la comisión, el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha avisado de que Hornillo "habla de la certeza de un delito ecológico de magnitudes desproporcionadas", aludiendo "a expertos pero sin aclarar quiénes son"; considerando así el edil que si de verdad cuenta con "pruebas" de tal aspecto, lo que debería hacer es "ir a los juzgados" a interponer una denuncia.

El socialista David Guevara ha mostrado su apoyo a la moción, para garantizar que "se cumplan los protocolos y las normativas medioambientales".

Y por parte del Gobierno local del PP, el concejal Juan de la Rosa ha lamentado el tono "catastrofista" de la moción, avisando de que si Hornillo "tiene tan claro" el asunto, debe "acudir al juzgado" a denunciarlo.

CUESTIÓN DE COMPETENCIAS

De la Rosa, especialmente, ha avisado de que la moción apunta a "un control sanitario y ambiental de un vertido" al río, extremo "competencia de la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Servicio de Costas", con lo que no pesa "ninguna competencia municipal" mediante la cual pudiese actuar el ayuntamiento.

Eso sí, ha precisado que, en el caso del informe municipal urbanístico, el Ayuntamiento sí tendrá que pronunciarse, cuando se solicite oficialmente una licencia de obras, algo que según ha dicho "no consta" que haya sucedido. Para el resto de materias, el Ayuntamiento, aunque esté "vigilante" a todo lo que suceda con relación a Sevilla capital, no es "competente", según De la Rosa.