El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido la posición de la Junta de Andalucía tras conocerse que el expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, están siendo investigados por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.
"Es el Gobierno andaluz quien está tomando las decisiones y que está haciendo las cosas que tiene que hacer", ha señalado Bueno al mismo tiempo que ha defendido la "colaboración absoluta" del Ayuntamiento con todos los asuntos judiciales.
"Si hay alguna irregularidad que se haya cometido, pues que se sepa y que se tomen las decisiones adecuadas. No tenemos nada que añadir a eso", ha reiterado el portavoz que no ha pedido una reunión de la dirección de La Cartuja como si ha hecho la Diputación.
La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aclaraba este miércoles que el gerente del Estadio La Cartuja "no es un cargo público de la Junta de Andalucía. No es un cargo ni público ni político", ha sentenciado. Sobre si el Gobierno andaluz se personará en la causa, "no nos lo hemos planteado de momento, pero no quiere decir que no la vayamos a hacer".
Al hilo se si la Junta, como miembro mayoritario del Consejo se plantea solicitar una convocatoria para analizar la continuidad del gerente, la consejera ha respondido que "se están valorando todas esas cuestiones. No hay nada decidido".
LAS OBRAS BAJO SOSPECHA
Según el auto judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de "cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos" de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa.
Y para aclarar si hubo un "posible beneficio económico obtenido ilícitamente", permite también "el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen".
La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.
A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.
La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros.
Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo "ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción".
La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol.
Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.