TOMARES (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)
En un contexto en el que los dueños de las once viviendas desalojadas en la urbanización Sport Aljarafe, ubicada sobre una ladera de Tomares (Sevilla) aquejada de deslizamientos de tierra, han convocado una manifestación para el sábado, el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por José Luis Sanz (PP), ha sostenido de nuevo que la mejor solución al conflicto es acordar la expropiación de las casas.
Según la concejal de Urbanismo, Lola Vallejo, se trata de "una solución que no elimina el problema", pero que al menos hace que el mismo recaiga por completo en el Ayuntamiento, toda vez que no es la primera vez que se intenta solventar el conflicto mediante esta vía. El pasado mes de marzo, de hecho, una de las portavoces del colectivo de familias desalojadas informaba a Europa Press de que el Ayuntamiento había ofrecido "entre 60.000 y 90.000 euros" por cada una de las viviendas y aunque fruto de las negociaciones habría aceptado "incrementar sensiblemente" el precio a pagar por cada casa, incluso 100.000 euros en algunos de los casos, los afectados desecharon finalmente esta alternativa.
Al respecto, Vallejo defiende que la expropiación sería acometida "realizando la máxima valoración legal de las viviendas", exponiendo que se trata de "un acto de generosidad del Ayuntamiento con los vecinos, porque sin tener obligación, el Consistorio hace suyo el problema".
En ese sentido, avisa la concejal de que en el marco de las proyectadas labores de consolidación de la ladera sobre la que se ubica la urbanización, cuyo coste se eleva a unos 5,7 millones de euros, "los propios vecinos tendrán que invertir, en el mejor de los casos, unos 60.000 euros cada afectado para su reparación y, en el peor, derribar las casas y volver a edificarlas de nuevo".
EL CASO DE SPORT ALJARAFE
Hablamos de la urbanización Sport Aljarafe, construida hace décadas sobre una ladera de Tomares y donde desde abril de 2016, un total de once viviendas han sido desalojadas como consecuencia de las deficiencias arquitectónicas que sufren. Dichos problemas arquitectónicos derivan, precisamente, de los corrimientos de tierra detectados en la ladera donde se asienta la urbanización.
Las medidas propuestas para corregir la situación de la ladera suponen un coste estimado de unos 5,7 millones de euros, toda vez que a finales de 2017, el Ayuntamiento de Tomares anunciaba que sus presupuestos de 2018 contarían con aproximadamente 400.000 euros para "cofinanciar" junto a otras administraciones la primera fase de los trabajos de estabilización del escarpe.
Esta primera fase de los trabajos, precedida de diversos estudios y trabajos técnicos destinados a avanzar en las soluciones a esta situación, está no obstante subordinada a los resultados del dictamen encargado al Instituto Geológico y Minero de España sobre la situación exacta de la ladera, al objeto de estabilizar la misma y permitir el regreso de estas personas a sus viviendas.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Tomares ha defendido en no pocas ocasiones la necesidad de que otras administraciones colaboren en el proyecto de estabilización de la ladera, a cuenta de la inversión necesaria para eliminar los riesgos asociados a los deslizamientos de tierra.