VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Manuel Suárez, tiene fijada para este miércoles la reanudación de los trabajos promovidos para el "restablecimiento de la legalidad urbanística" en la trasera de la calle Vauvert, el paraje conocido como Estacada Larga, merced a una autorización judicial para acceder a dicho espacio, marcado por un conflicto en el que los actuales dueños de las parcelas se sienten "engañados" y el Consistorio señala que el anterior dueño habría incumplido una orden de demolición de las construcciones supuestamente "ilegales".
En concreto, en un bando emitido el pasado 28 de enero y recogido por Europa Press, el Ayuntamiento indica que el pasado 10 de diciembre de 2021 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis de Sevilla emitió un auto "disponiendo la autorización a la entrada en el paraje denominado Estacada Larga, continuación de la calle Carlos Cano, al objeto de proceder a la ejecución de la resolución de Alcaldía no 1354/2011".
Ante ello, el Consistorio ha resuelto el "levantamiento de la suspensión de la obra y el reinicio de la ejecución del contrato para la reparación de la realidad física alterada por parte de la Administración Pública mediante ejecución subsidiaria por la inacción del titular" de los terrenos, fijando la reanudación de los trabajos para este miércoles a las 8 horas, con un plazo de ejecución de cuatro semanas.
DESDE HACE UNOS TRES LUSTROS
Ismael Aguilar, uno de los vecinos afectados por este conflicto, explicaba a Europa Press en junio de 2021 que el problema que afecta a estas parcelas pertenecientes a unos "25 o 30" vecinos de Valencina y ubicadas en la parte trasera de la calle Vauvert arrancó hace unos "14 años", pues tras comprar estas personas las fincas al anterior propietario de las mismas, con su correspondiente firma "ante notario", el Ayuntamiento no aceptó "la partición" de los terrenos y la "segregación" de parcelas al tratarse de "suelo rústico y no urbano".
"Nos engañaron", lamentaba, exponiendo que a lo largo de los años, estos vecinos han estado "intentando regularizar" la situación de las parcelas, pero "no ha habido manera", sobre todo porque pese a la compra de las mismas, estas personas no figurarían en el Registro de la Propiedad como dueños de las fincas, sino que las mismas seguirían adscritas al mencionado vendedor.
DEMOLICIONES
El conflicto terminó de desencadenarse, según Ismael Aguilar, a cuenta de las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento con relación a las parcelas en cuestión, con "maquinaria pesada para demoler" las instalaciones y construcciones de las parcelas.
A tal efecto, el Ayuntamiento indicaba entonces en un bando que esta actuación deriva de un expediente de disciplina urbanística incoado contra el propietario inicial de los terrenos, que "fue multado y requerido hasta en tres ocasiones por la realización de parcelaciones ilegales, posteriormente comercializadas a estos particulares".
Según el Ayuntamiento, en 2011 fue ordenada al citado propietario la demolición de las construcciones de estos suelos y en 2014 fue resuelto "el reestablecimiento de la legalidad en estos espacios, mediante la ejecución subsidiaria para el desmontaje de las instalaciones".
"Al no atender el propietario estas obligaciones, el Ayuntamiento actúa conforme establece a la ley y emprende esta fase de ejecución subsidiaria, por medio de estas tareas de restauración de los terrenos a su estado anterior y para restablecer la legalidad urbanística de este entorno", defiende el Ayuntamiento, que reanuda ahora estos trabajos al contar con autorización judicial.
