SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento hispalense y edil de Hacienda, Juan Bueno, ha acusado a la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, y al Gobierno central de "desconocer la realidad de Sevilla" al oponerse a la idea municipal de cerrar la plaza de España y cobrar entrada a los turistas, reclamándole "que no use la Plaza de España para hacer política".
Así, Bueno ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de confrontar" con el asunto de la Plaza de España, cuyo cierre rechazan los empresarios hoteleros, las agencias de viaje y los sindicatos; y "no busque hacer política con el patrimonio de los sevillanos", compartiendo el Consistorio y el Ayuntamiento la titularidad del monumento.
"Estaría bien que el mismo interés que están poniendo en criticar una propuesta del alcalde Sanz lo pongan en solucionar los problemas de Sevilla, también el de la Plaza de España", ha recalcado el concejal sevillano.
PETICIÓN DE CITA
Juan Bueno ha pedido a la ministra Montero que "se informe de la realidad antes de criticar" y ha dicho que "mañana mismo el alcalde, José Luis Sanz, le pedirá una cita a la ministra sevillana para mostrarle la realidad de la Plaza de España", un monumento cuya explanada pertenece al Ayuntamiento, mientras la galería y el edificio es de propiedad estatal.
En ese encuentro, que Bueno espera que "sí se celebre, no como el que el alcalde solicitó al ministro de Transportes del que no hemos recibido ninguna respuesta", según el concejal portavoz "el alcalde podrá mostrar cuál es la realidad de la Plaza de España, las carencias y necesidades que tiene y los detalles de la propuesta realizada para paliar sus problemas".
"El Gobierno central debe dejar de castigar a Sevilla con su inacción en materia de infraestructuras y saldar de una vez la deuda con nuestra ciudad y mientras eso se produce, al menos que no entorpezcan ensuciando políticamente todo lo que se propone o estudia desde la capital", asevera.
LA PROPUESTA MUNICIPAL
El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia estarían.
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
