SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha manifestado este miércoles que el sector local del taxi debe "entender" que los acuerdos de patrocinio firmados entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié con la empresa de alquiler de coches con conductor Uber, recientemente desembarcada en la capital andaluza, se encuadran en la "independencia y autonomía" de la que gozan tales entidades en su "ámbito privado".
"Tienen que entender que es una actividad empresarial y en el ámbito privado, son entidades privadas y tienen total independencia y autonomía para celebrar cualquier tipo de acuerdos o convenios", ha dicho el concejal de Movilidad a los medios de comunicación, después de que la asociación Élite Taxi Sevilla mostrase su "más profundo malestar" ante los convenios de patrocinio firmados entre ambos equipos de fútbol y Uber, toda vez que el sector local del taxi y los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que trabajan para empresas como Uber o Cabify mantienen un prolongado conflicto.
En concreto, en un comunicado difundido a través de las redes sociales, Élite Taxi Sevilla avisaba a ambos equipos de fútbol de que "no todo vale por el dólar", exponiendo que "en el taxi (ambos clubes) tienen a béticos y sevillistas, que tal vez estén hoy más unidos que nunca" y mostrando su "queja" por los mencionados acuerdos de patrocinio.
Mientras los taxistas acusan a los conductores de VTC de instrusismo y de invadir su ámbito de actuación, pues la regulación de los vehículos de transporte concertado les prohíbe circular a la búsqueda aleatoria de clientes o captar viajeros de manera espontánea, el conflicto desencadenado entre ambos sectores ha deparado una investigación policial en la que fueron imputados más de 32 taxistas por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas.
Ya en el plano judicial, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha investigado tanto a los dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi como a la propia asociación como persona jurídica, por presuntas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, regida por una tarifa única.
