SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una de cada cuatro suspensiones de pagos registradas en Andalucía correspondieron a familias o particulares, según Affirma Abogados & Consultores, que apuntó que las suspensiones de pagos de las familias seguirán aumentando en la segunda parte del año.
Según indicó Affirma en una nota, el número de familias que se ha declarado en suspensión de pagos ha aumentado un 135 por ciento en el último año, de forma que 49 familias andaluzas se han acogido al concurso de acreedores durante el primer semestre del año.
Las provincias de Sevilla y Cádiz son las que cuentan con un mayor número de familias que han recurrido a un concurso de acreedores, con 17 y 16 casos, respectivamente, durante este primer semestre del año. Les sigue Málaga con seis, de manera que entre las tres provincias acumulan más del 80 por ciento del total de demandas de concurso por parte de los hogares andaluces.
Por el contrario, en el lado opuesto se sitúan Almería y Córdoba que no presentan ninguna denuncia.
En cuanto al perfil de quienes optan por la suspensión de pagos para saldar deudas es el de una pareja de mediana edad en la que ambos trabajan. "Los desequilibrios llegan cuando falla el trabajo de uno. Se reducen los ingresos a la mitad, pero los recibos llegan puntualmente", comentó el director general de Affirma Abogados & Consultores, Carlos Zambudio.
A nivel nacional, Cataluña y Madrid son las comunidades que mayor número de suspensiones de pagos de familias registraron en los seis primeros meses del año, con 58 y 56 casos, respectivamente; por delante de Andalucía, con 49.
De esta forma, entre las tres comunidades acumulan la mitad del total de demandas de concurso solicitadas por hogares. En el lado opuesto, en las regiones de Navarra y Extremadura no se ha contabilizado ninguna.
Según este despacho de abogados, la suspensión de pagos no es sólo cuestión de empresas. Los particulares también pueden acogerse a este procedimiento judicial, que aplaza y reduce los pagos. Las familias que se acogen a concurso mantienen el salario mínimo interprofesional, que no puede embargarse.