SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz andaluz de Los Verdes, Francisco Garrido, afirmó hoy que su formación ha localizado "un nuevo caso de graves irregularidades urbanísticas" en la localidad gaditana de Castellar de la Frontera --gobernada por el PSOE-- en el que estaría implicada la empresa Arenal 2000 del empresario cordobés Rafael Gómez, imputado en la Operación Malaya.
En declaraciones a Europa Press, Garrido dijo que "Arenal 2000 firmó en agosto de 2005 un convenio con el Ayuntamiento de Castellar por el cual la empresa daba dos millones de euros al Consistorio a cambio de que éste modificara en el PGOU los usos dos fincas con suelos no urbanizables, propiedad de la empresa, y le encargara las obras necesarias para la habilitación de estos terrenos".
"Ese acuerdo compromete al Ayuntamiento a aceptar sus propuestas, a la recalificación de los suelos y a tramitar todos los permisos" para "proyectos urbanísticos beneficiosos para el pueblo, que es lo que dice el convenio", añadió.
El acuerdo fue firmado el 12 de agosto de 2005 por el alcalde del municipio, Francisco Vata, y la citada empresa, estableciendo que las fincas rústicas La Dehesa del Chapatal y la Dehesa de las Carboneras, de más de 99 hectáreas, pasarían a ser urbanizables y que las actuaciones necesarias para poner en marcha los proyectos urbanísticos de Arenal 2000 serían iniciadas, explicó el portavoz.
Garrido tachó el convenio de "grave irregularidad, donde cuestiones privadas condicionan el desarrollo urbanístico". El primer pago de los dos millones se hizo en 2005 y el segundo se llevó a cabo ayer 30 de junio, siempre según Los Verdes.
En su opinión, "esto demuestra que las irregularidades urbanísticas no son sólo un problema que afecte a Marbella, sino que recorre toda Andalucía", por lo que pidió a la Consejería de Obras Públicas de la Junta que "al menos reconozca que tiene parte de responsabilidad en todo lo que está pasando, por no haber vigilado suficientemente bien el urbanismo".
