Cámara de Cuentas alerta de la situación irregular de trabajadores temporales en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla)

ESPARTINAS (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha alertado este jueves de la existencia en 2015 de trabajadores laborales en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) con contratos temporales que "podrían encontrarse en situación irregular".

En el resumen del informe de la CCA sobre la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Espartinas en el año 2015 se recoge que entre los trabajadores que tenían la condición de labores se computaban doce con contratos de carácter temporal, aunque todos ellos habían sido contratados en 2006 o antes.

"Estos trabajadores podrían encontrarse en situación irregular prevista en el artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores", según explica la CAA.

Además, este organismo ha detallado que "no se ha seguido procedimiento alguno para llevar a cabo la contratación del personal laboral de la corporación" y que el Ayuntamiento estaba cubriendo puestos estructurales de su organización "mediante contrataciones laborales temporales, que no respetaron principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público".

Así, ha destacado el caso concreto de dos contratos laborales temporales, correspondientes a un técnicos superior adscrito a la asesoría jurídica y un técnico medio (aparejador) que "contemplaban un concepto retributivo denominado 'complemento personal transitorio'" que no estaba previsto en el convenio colectivo para el personal laboral del sector público municipal de Espartinas. Por ello, este complemento, de 161 euros mensuales en un caso y de 1.265 euros en el otro, "carecía de cualquier forma de publicidad".

"Durante el ejercicio de 2015, el Ayuntamiento no dispuso de Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", ha señalado la CAA, insistiendo en que la ausencia de esta "no permite conocer las necesidades que tiene una organización en materia de personal".

Así, la Cámara de Cuentas ha destacado que la corporación tiene la obligación de incluir los puestos mencionados en la RPT que se elabore y de ofertar las plazas en la correspondiente oferta de empleo público.

Durante el ejercicio fiscalizado se reconocieron y abonaron gratificaciones por 47.794,23 euros, de las que 30.262,53 euros respondían a servicios realizados en ejercicios anteriores, según recoge el informe de la CAA.

Para este organismo, "esta práctica supone una quiebra de los principios de devengo y de imputación presupuestaria recogidos en el plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local".

También ha explicado que el control de legalidad de los gastos ha puesto de manifiesto que del saldo que a 31 de diciembre de 2015 presentaba la cuenta de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, un importe de 91.489,80 euros correspondía a gastos del propio Ayuntamiento "realizados sin consignación presupuestaria, en concepto de obras y suministros".

PAGOS CON DEMORA

Además, el Ayuntamiento incumplió la Ley 3/2004, de morosidad, "pues únicamente realizó pagos dentro del plazo legal de 30 días por una cuantía de 911.755,19 euros, lo que representó el 32,83 por ciento del total". Fuera de plazo, según informa la CAA, pagó 1.865.556,18 euros, el 67,17 por ciento restante. Asimismo, la corporación no tenía aprobado un plan de disposición de fondos ni un plan de tesorería, ha apostillado.

En cuanto a las conclusiones en materia financiera, la CAA ha informado de que no se registró en la contabilidad municipal pasivo alguno para cubrir las posibles responsabilidades que pudieran determinarse en virtud de la existencia de reclamaciones judiciales en curso.

De la información facilitada se desprende que, al cierre del ejercicio fiscalizado, "la corporación mantenía litigios cuyas reclamaciones ascendían a 5.544.015,78 euros, sin incluir intereses y gastos". Asimismo, la sociedad municipal Esdelsa tenía contabilizados por este concepto un importe de 1.235.727,96 euros; "este pasivo representaba una incertidumbre para el ayuntamiento, dado que era su accionista único y la compañía estaba en proceso de liquidación".

Además, la corporación tramitó una modificación presupuestaria de 10.279.399,47 euros, por incorporación de remanentes de crédito. La intervención municipal, según un informe de 20 de marzo de 2015 evacuado a propósito de esta modificación, manifestó que "no tenía certeza de la exactitud del importe de los remanentes a incorporar procedentes del ejercicio 2004, puesto que la corporación no realizaba, ni en este ejercicio ni en anteriores, un seguimiento de los proyectos de gastos, ni tampoco efectuaba ajustes por las desviaciones de financiación sobre el Resultado Presupuestario ni sobre el Remanente de Tesorería (RT)". Los remanentes incorporados procedentes de este ejercicio ascendieron a 1.185.480,22 euros, ha señalado la CAA.

En materia de ejecución presupuestaria, la cuenta que registraba las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto tenía un saldo inicial de 2.295.254,25 euros. Durante el ejercicio, se registraron movimientos por 138.893,17 euros que representaban la aplicación al presupuesto de 2015 de gastos que inicialmente no tenían cobertura presupuestaria.

Sin embargo, ha explicado la CAA que la corporación únicamente ha tramitado expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 97.211,23 euros.

"El saldo final de la cuenta era de 1.385.992,69 euros, de los que 1.294.502,89 correspondían a gastos y facturas por ejecución de obras de ejercicios anteriores emitidas por la sociedad municipal Esdelsa, que se encontraba en liquidación; el importe restante, que ascendía a 91.489,80 euros, correspondía a gastos contractuales del propio Ayuntamiento por obras y suministros", ha detallado.

El remanente de tesorería para gastos generales fue negativo en 1.153.904,73 euros. La corporación cuantificó los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación en 16.076.842,54 euros, pero según los cálculos de la CCA, "este importe ascendía a 16.657.831,41 euros" y, por este motivo, "el remanente de tesorería para gastos generales habría de disminuirse en la cantidad de 580.988,87 euros".

Las desviaciones de financiación positivas consignadas en el remanente de tesorería ascendieron a 9.963.871,19 euros. "No existen garantías de la exactitud del importe correspondiente a las desviaciones procedentes de proyectos de gastos con financiación afectada del ejercicio 2004, que ascendieron a 1.185.480,22 euros", ha concluido la CAA.