SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado que tanto las diputaciones como los ayuntamientos han efectuado una gestión correcta y "de conformidad" de la primera edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), correspondiente a 2009, aunque ha apuntado que en materia de compromiso de empleo, "el 22,76 por ciento de los contratistas han formalizado contrataciones en número inferior al que resultaban obligados".
Según el informe de la Cámara de Cuentas de 'Fiscalización del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja)', relativo al ejercicio 2009, en ese informe se analizan especialmente la gestión de los fondos Proteja destinados a inversiones y no ha abordado el de los fondos destinados a la formación.
El informe, consultado por Europa Press, precisa que se han examinado las ocho diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Almería, Roquetas de Mar, Cádiz, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Cúllar Vega, Salobreña, Iznalloz, Ayamonte, Baeza, Santiago de Calatrava, Algarrobo, Benahavís, Periana, Bollullos de la Mitación y Sevilla.
El ente fiscalizador apunta que en el desarrollo del trabajo se ha producido una limitación al alcance, dado que el ayuntamiento de Almería "no ofreció información suficiente relativa al origen de la financiación utilizada para acometer el modificado de la obra denominada 'Proyecto de obras de adaptación a escuela municipal de música casa de la juventud'".
El informe concluye que inicialmente, se presentaron 2.026 proyectos de inversión, por un importe de 299,93 millones de euros, representativos del 99,98 por ciento de la dotación inicial del fondo, cuantificado en 300 millones de euros. Ha agregado que la posibilidad de reinvertir las bajas de adjudicación de las obras y los intereses generados, ha permitido incorporar al Proteja proyectos de nueva programación, de manera que, definitivamente, "se han acogido un total de 2.058 inversiones, por 300,4 millones".
En materia de empleo, el informe precisa que la información remitida tanto por la Consejería de Gobernación y Justicia como por el Servicio Andaluz de Empleo "resulta incompleta para analizar la repercusión del Proteja de 2009 en la generación de empleo".
Según los datos facilitados por la Consejería de Gobernación y Justicia, se ha destinado un total de 16.606 trabajadores a la ejecución de 1.995 inversiones; quedaba pendiente la presentación de la justificación de 63 inversiones.
En cuanto al empleo creado, conforme a la información procedente del SAE, el programa "ha generado 10.771 nuevos empleos, de los cuales 8.892 corresponden a las 1.995 obras justificadas y 815 a las pendientes de justificación". Además, existen 1.064 contrataciones que "no han podido ser identificadas con ningún proyecto concreto".
El informe apunta que "cada inversión que ha sido justificada ha utilizado de media a 4,56 trabajadores por un período de 3,69 meses, computados en términos ponderados según la duración de los contratos y la duración estimada de las obras". De estos trabajadores, "a lo sumo 3,25 tendrían la consideración de nuevas contrataciones".
En materia de compromisos de empleo, el informe precisa que "en el 77,24 por ciento de las inversiones justificadas, los adjudicatarios han cumplido, como mínimo, con el compromiso asumido; en el restante 22,76 por ciento, los contratistas han formalizado contrataciones en número inferior al que resultaban obligados".
En ese sentido, la Cámara de Cuentas considera que "ante este incumplimiento, debería haberse puesto en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para la imposición de sanciones".
ACTUACIÓN DE LAS DIPUTACIONES
El ente fiscalizador apunta que las diputaciones provinciales "o bien han ejecutado las obras o bien al reparto entre éstos de la financiación". Las obras directamente ejecutadas por las diputaciones ascendieron a 58, por un importe conjunto de 5,7 millones.
De esta forma, el saldo que las diputaciones mantenían en sus cuentas Proteja era de 8.248.883,45 euros, ante lo que la Cámara de Cuentas concluye que "no existen irregularidades o anomalías, por lo que dicho importe resulta justificado".
Se han analizado dos de estas 58 obras, por importe de 893.283,34 euros, y en una de éstas la de 'Obras recinto de ferias y exposiciones', la Diputación de Cádiz tramitó un modificado que "no responde a razones de interés público, y para atender a causas imprevistas", por lo la Cámara de Cuentas considera que "no se respetaron los límites impuestos".
En cuanto a gestión económico-financiera, las diputaciones repartieron 139,6 millones entre los ayuntamientos beneficiarios, una redistribución que se ha realizado "correctamente".
Apunta que la Diputación de Almería y la de Cádiz deben devolver cantidades a la administración autonómica, por diversos procesos donde "no se respetó la normativa".
Además, el coste de 23 de las obras asumidas por esta Corporación "resultó ser inferior a los recursos percibidos del Proteja en 72.832,46 euros, mientras que el coste de otras cuatro obras fue superior en 8.119,51 euros", ante lo que "no es posible compensar estas diferencias, razón por la cual la Diputación debe asumir el incremento y devolver el diferencial de recursos no aplicados".
GESTIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
En el caso de los ayuntamientos, éstos asumieron la ejecución de 2.000 obras. La Cámara de Cuentas ha obtenido una muestra de 20 expedientes tramitados por 17 corporaciones. Para su contratación, se ha utilizado el procedimiento negociado en 10 ocasiones, el abierto en ocho, se ha formalizado una contratación menor y una actuación la ha realizado la administración".
El saldo comprobado del conjunto de las cuentas Proteja era de 8.692.775,27 euros, correspondiente a nueve de las 17 corporaciones analizadas; las de las restantes entidades presentaban saldo cero, y sólo tres ayuntamientos habían efectuado la correspondiente cancelación, ante lo que el informe concluye que "no existen irregularidades o anomalías, de forma que dicho importe resulta justificado".
El informe destaca que "no se han detectado irregularidades sustantivas", salvo en el Ayuntamiento de Almería, que tramitó una modificación de una obra que "no respondió a causas imprevistas", de forma que "dicho modificado representó un incremento del coste". Agrega que "tampoco quedó acreditado que su ejecución hubiera contribuido a la generación adicional de empleo" y apunta que ese ayuntamiento "no ofreció información suficiente relativa al origen de la financiación utilizada para acometer este modificado", por lo que "no se ha podido concluir si tal financiación procedía del Proteja, aunque si así fuera, la corporación debería devolverla".
De los 20 expedientes analizados, 18 presentaron la justificación de la inversión en el plazo concedido al efecto. Las dos obras restantes eran del ayuntamiento de Sevilla, 'Paso subterráneo de la avenida de Andalucía con Ronda del Tamarguillo' y 'Paso subterráneo de Cardenal Bueno Monreal con avenida de La Palmera', que "no estaban justificadas por continuar en ejecución dentro del plazo", presentando a 18 de mayo de 2011 unos grados de ejecución del 46,47 por ciento y 72,7 por ciento, respectivamente.
Apunta que el Ayuntamiento de Cádiz "debe devolver el dinero destinado a financiar el modificado de una obra, "al incumplir la normativa de contratación administrativa y el carácter afectado de los fondos Proteja" y lo mismo le ocurre al Ayuntamiento de La Línea con el dinero recibido para otra obra "por no realizarla en plazo".
El informe agrega que el Ayuntamiento de Sevilla "debe restituir a la administración autonómica la financiación no utilizada en la ejecución de las obras concluidas".
