Apunta que en expedientes "no han sido considerados" los criterios de creación o el mantenimiento de empleo a la hora de dar incentivos
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado la existencia de "discrepancias" en la consideración de los conceptos de terrenos y urbanización como subvencionables o no en el sector minero, en particular, en las empresas Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa) y Algiss Explotaciones Mineras SL, por lo que considera que "deben ser objeto de una mejor regulación esos conceptos subvencionables en el sector minero, en concreto en esas dos empresas, además de los conceptos de colaboraciones externas y equipos informáticos dentro del Programa Innoempresa", por lo que recomienda modificar el Manual de Aplicación de Incentivos ó dictar instrucciones técnicas específicas.
Según el informe de 'Fiscalización de los fondos destinados al desarrollo del tejido empresarial y fomento de la innovación en Andalucía, gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)', correspondientes al ejercicio 2010, se han analizado tanto los fondos y ayudas de IDEA que proceden del Programa Operativo Feder 2007-2013 y del Programa Innoempresa, conceptos por los que la Agencia ha recibido en 2010 un importe de 126,92 millones.
El informe, consultado por Europa Press, indica que en el desarrollo de los trabajos se ha producido una "limitación al alcance" consistente en que los servicios centrales de la Agencia IDEA "no han facilitado los objetivos internos y externos, los criterios para su formulación y el análisis de las desviaciones observadas hasta la fecha de finalización de los trabajos de campo y una vez que se han producido varios requerimientos", lo que "ha impedido la realización de las pruebas previstas en el área de análisis de la eficacia".
Entre las conclusiones obtenidas, el ente fiscalizador apunta que "hay una significativa proporción de expedientes en la que se incumplen los plazos establecidos para la resolución de la concesión de las ayudas", con la existencia de "demora en el pago de los incentivos aprobados". Agrega que se cumple el plazo establecido para realizar el pago de las ayudas a partir del cumplimiento de los requisitos por el beneficiario "pero hay un determinado número de expedientes en los que transcurre un plazo superior a 30 días desde la orden de pago a la realización del mismo".
Asimismo, indica que la proporción de solicitudes archivadas y pendientes "es, en general, muy baja", aunque un seis por ciento de los expedientes de la muestra de solicitudes presentadas "no habían tenido ninguna actuación desde algunos meses atrás, superándose incluso los quince meses".
Por ello, para resolver estos problemas se ha recomendado la introducción de herramientas informáticas de control del tiempo de los procesos "y establecer objetivos sobre esta materia a los distintos niveles de la organización".
Por otro lado, las bases reguladoras "no especifican la ponderación que debe tener cada uno de los criterios y cómo modular, dentro de cada criterio, la puntuación a asignar en la fase de evaluación de los proyectos".
En ese sentido, considera que "deben ser objeto de una mejor regulación los conceptos subvencionables de terrenos y urbanización en el sector minero, en particular, en las empresas Matsa y Algiss Explotaciones Mineras, en colaboraciones externas y equipos informáticos dentro del Programa Innoempresa", por lo que se recomienda modificar en los aspectos señalados el Manual de Aplicación de los Incentivos ó dictar instrucciones técnicas específicas.
En el caso de Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), el informe apunta que "se redactaron hasta tres propuestas distintas a la Comisión de Valoración Autonómica, en las que se da distinto tratamiento a los conceptos indicados".
Algunas subvenciones de la Junta a Matsa provocaron un debate político y judicial por no inhibirse el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en la concesión de una subvención de más de diez millones de euros para Matsa, en la que figuraba como apoderada una hija del propio Chaves, que entonces aún presidía el Gobierno autonómico. Posteriormente, el Tribunal Supremo revocó la decisión del TSJA de abrir expediente a Chaves por el caso Matsa.
Por otro lado, el ente fiscalizador considera que "debe ser objeto de regulación la aportación de garantías en los supuestos en que sea necesaria su exigencia", para lo que se insta a dictar una instrucción técnica específica sobre este asunto.
El informe apunta que "la obligación de solicitar ofertas de tres proveedores en la adquisición de bienes y servicios a partir de determinado importe individual no se cumple en numerosos supuestos". Para ello, según apunta, "se ha admitido, en general, como válido cualquier documento suscrito por el beneficiario o por el respectivo proveedor en el que se indicara la exclusividad del producto en cuestión, con independencia de su contenido".
El ente fiscalizador ha recordado que la tasación pericial, como método alternativo, "está prevista en la normativa con carácter excepcional, por lo que no debe utilizarse de forma generalizada", por lo que recomienda dictar una instrucción técnica específica sobre este asunto.
VALORAR LA CREACIÓN DE EMPLEO
El ente fiscalizador ha recordado que la creación o el mantenimiento de empleo pueden ser valorados en determinadas categorías y subcategorías de incentivos, pero apunta que "en general, en los expedientes examinados no ha sido considerado", tras lo que apunta que se observan discrepancias "en cuanto al requisito de mantenimiento de empleo existente al solicitar la ayuda y, también, en cuanto al cómputo del empleo a crear", por lo que se ha recomendado "mejorar la instrucción técnica sobre esta materia".
El informe precisa que se han observado "varios supuestos en los que los activos subvencionados no se encuentran en uso", ante lo que explica que en los respectivos expedientes "no constan qué actuaciones, en su caso, ha acometido la Agencia al respecto", por lo que recomienda dictar una instrucción técnica específica sobre este asunto.
NO HAY SEGUIMIENTO
Agrega que en los informes de revisión de cuentas justificativas evacuados por expertos independientes --obligatorios a partir de determinados importes de ayudas y voluntarios en el resto--, "en determinados supuestos contienen errores graves respecto a fecha de facturas, fecha de pago, fecha fuera de plazo de cumplimiento de requisito de aumento de capital u obviar el incumplimiento del número de empresas que debía participar en un proyecto", por lo que se ha recomendado nuevamente emitir una instrucción técnica específica.
El ente fiscalizador indica que "no se ha observado que se esté efectuando un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, en particular, sobre el mantenimiento de las inversiones y del empleo, en aplicación de las bases reguladoras de estos incentivos".
