Carmelo Gómez (PSOE) niega haber cursado un máster en el que aparece como becado con fondos de los ERE

Secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A, Carmelo Gómez
PSOE-A
Publicado 07/09/2018 17:25:49CET

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y miembro de la Ejecutiva del PSOE-A Carmelo Gómez ha negado este viernes haber cursado un máster de la Universidad de Sevilla en el curso 2007/2008 en el que aparece en un listado de alumnos becados con dinero del programa presupuestario 31L, con el que se pagaban las ayudas de los expedientes regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Gómez ha declarado este viernes ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE, en una pieza separada sobre las ayudas a un máster de la Hispalense, en concreto un Máster de Gestión de Asociación sin ánimo de lucro.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, Gómez, que en aquel momento se encontraba en la Diputación de Sevilla, ha asegurado que "nunca" hizo el máster porque, entre otras cuestiones, "no tenía titulación para poder hacerlo", aunque ha admitido que sus datos aparecen en el listado de alumnos becados.

Además de Gómez la juez instructora ha tomado declaración este viernes, en esta ocasión en la pieza separada de las ayudas concedidas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa), al exconsejero de Trabajo de la Junta Guillermo Gutiérrez, quien ha manifestado que esta empresa sufría, como tantas otras, un conflicto laboral, si bien ha afirmado no recordar mucho más allá de la ayuda concedida.

Igualmente, en la pieza separada de MacPuarsa, han declarado como testigos varios trabajadores prejubilados así como Isabel Ríos, administradora de la empresa. En sus comparecencias han coincidido en señalar que la compañía compró la empresa TAMC con la condición de que la Junta de Andalucía financiara las prejubilaciones de los trabajadores de esta segunda sociedad en un ERE.

El acuerdo para la compra es de 2001, si bien TAMC hizo un ERE en 2002 y MacPuarsa otro 2004, según las citadas fuentes, que han precisado que los dos expedientes de regulación fueron subvencionados por la Consejería de Empleo, departamento que le ofreció a la empresa que todos las gestiones para las prejubilaciones las hiciese la mediadora Vitalia, investigada en el caso ERE por las sobrecomisiones.