CCOO convoca una protesta este lunes para reclamar una "dotación financiera suficiente" para la Universidad de Sevilla

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Universidad de Sevilla (US) ha convocado para este lunes una "asamblea-manifestación", que partirá de la Puerta del Rectorado a las 12,00 horas y terminará en el Palacio de San Telmo en torno a las 14,00 horas, bajo el lema 'Por la defensa de la universidad pública' y con el fin de reivindicar "la dotación financiera suficiente" para la institución académica así como el cumplimiento de los acuerdos en materia laboral.

Tras informar la rectora Carmen Vargas en el Consejo de Gobierno de un plan de ajuste de 16 millones de euros que incluye desde menos contrataciones de profesores hasta reducción de grupos, cuando sea posible, entre otras cuestiones, CCOO ha convocado esta asamblea "dada la grave situación a la que nos aboca la Junta de Andalucía como financiadora del sistema universitario público andaluz", se puede leer en la convocatoria lanzada por el sindicato.

"No pedimos dinero extra, sólo lo pactado por Ley. Exigimos el cumplimiento de las subidas salariales de los Presupuestos Generales del Estado; el pago de trienios; los acuerdos firmados y las sentencias ganadas". CCOO en la US lamenta, igualmente, que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) supone el "desmantelamiento del sistema público" al "no garantizar" gastos para personal, gastos básicos, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) y la cláusula de salvaguarda, recogida en el modelo de financiación y que implica que las universidades reciben todos los años la misma cantidad que el ejercicio anterior más las subidas salariales que se aprueben.

En la asamblea-manifestación va a reprocharse a la Junta también la "inversión privada" y la "competencia deseal" generada al autorizarse la apertura de cuatro nuevas universidades privadas "más seis que están en espera"; y que de las 64 titulaciones privadas autorizadas, 57 sean "titulaciones espejo, creadas para hacer competencia directa a la pública".

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, se ha dirigido recientemente a toda la comunidad universitaria de la Hispalense para trasladar un mensaje de "tranquilidad" en relación con la situación financiera de la institución. En su comunicado, adelantado por Europa Press, Carmen Vargas explicaba que "la previsión que tenemos actualmente es que la cuantía asignada a la Universidad de Sevilla en el reparto presupuestario aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades celebrado el pasado 17 de abril --449,36 millones-- podría resultar insuficiente para atender íntegramente los gastos de personal, incluidos salarios y complementos salariales. Ello es debido a que el incremento de nuestra masa salarial es porcentualmente superior al aumento de la financiación inicialmente recibida de la Junta de Andalucía".

Por eso, y mientras se determina con "exactitud" los costes "reales" de las plantillas en la comisión técnica acordada entre las universidades públicas y la Junta, "la Universidad de Sevilla debe actuar con criterios de prudencia y responsabilidad, revisando y ajustando determinadas partidas presupuestarias con carácter preventivo para garantizar la cobertura de las nóminas hasta final de año".

Además, la rectora de la US apuntaba que "quedan pendientes de resolver algunas cuestiones de especial relevancia, como el abono completo de las cantidades adeudadas por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2025 tras la mencionada auditoría. Por ello, las universidades públicas andaluzas hemos emplazado a la Junta de Andalucía a seguir negociando con la finalidad de garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y por tanto del modelo de financiación que, en este momento, siguen sin atenderse en su totalidad".

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión "técnica", con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para "determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda" que recoge el modelo de financiación pactado entre la Administración y los rectores. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales.

Y en esto último --los incrementos salariales-- es donde entra el papel de la comisión que va a analizar los "criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario --capítulo 1 de los presupuestos--" y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis "universidad por universidad" de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende "alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado". Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el Ptgas: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.