SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La central sindical de CCOO de Andalucía ha resaltado que la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía "reconoce acciones para exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones a cada Administración pública", de ahí que considere que "no hay tiempo que perder en este asunto", tras conocer el acuerdo adoptado el pasado martes por el Consejo de Gobierno para iniciar los trabajos de redacción del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación.
El sindicato insta a la consejera del ramo, Elena Cortés, a que "convoque cuanto antes a los agentes sociales y económicos firmantes del Pacto Andaluz por el Progreso Económico y Social de Andalucía", que recoge el compromiso de "iniciar las negociaciones del Plan Concertado de Vivienda al ser, junto con el Plan de Infraestructuras, piezas claves para la recuperación y el relanzamiento del sector de la construcción en nuestra comunidad".
CCOO recuerda que Andalucía es la comunidad donde "el paro afecta a casi millón y medio de personas, muchas de ellas jóvenes, de las cuales la mitad están desempleadas, y donde desde el inicio de la crisis en 2007, unas 80.000 familias han sido desahuciadas, 400.000 en España". Para el sindicato, el nuevo Plan de vivienda y rehabilitación "debe desarrollar y cumplir estrictamente los contenidos de la Ley andaluza reguladora del derecho a la vivienda", porque, según señala, "leyes de este calado social no son marcos de referencia para las actuaciones de los políticos sino mandatos de los ciudadanos y ciudadanas hacia sus gobernantes para que cumplan con sus obligaciones como poderes públicos".
Así la central sindical va a exigir a la Junta de Andalucía y a las corporaciones locales que "cumplan estrictamente con la Ley andaluza, que es la mejor y mayor garantía con que cuenta la ciudadanía andaluza para la efectividad del derecho a la vivienda". Reclama al gobierno andaluz que destine "más recursos para la vivienda protegida y la rehabilitación", para así "cumplir y desarrollar una Ley", que en opinión de la secretaria de Política Institucional y Empleo del sindicato, Nuria López, "es de las más avanzada y progresista de cuantas regulaciones sobre vivienda hay en nuestro país".
López también llama la atención a las corporaciones locales, que tienen la obligación de poner en funcionamiento los Registros Municipales, como instrumentos básicos para la determinación del número de personas con necesidad de vivienda, para que "en la elaboración de los Planes Municipales puedan concretarse las políticas de vivienda que necesita el municipio, dándose respuesta a esas necesidades".
Por ello, en palabras de la sindicalista, "estamos dispuestos a concertar un nuevo Plan para que se cumpla sin excusas la Ley de Vivienda en Andalucía; y para su efectividad reivindicamos políticas a favor de la vivienda protegida, así como de la rehabilitación y la adopción de medidas a favor de las familias andaluza en casos extremos de desahucios y pérdida de la vivienda habitual, como facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a aquellas familias que han perdido o pueden perder su vivienda habitual por dificultades económicas cuya causa ha sido la perdida sobrevenida del empleo".
En este sentido, López señala que "vamos a reclamar al gobierno andaluz que el nuevo Plan cuente con un presupuesto propio y suficiente, y una mayor dotación presupuestaría en las políticas de vivienda en general; y que le exija al ejecutivo del PP no más tijeretazos en las partidas para estas políticas, y un aumento de los recursos económicos transferidos a Andalucía para la efectividad del derecho a la vivienda en el próximo plan estatal, cuya dotación prevista para el periodo 2013-2016 apenas supera los 2.500 millones de euros para toda España".
"DRAMA SOCIAL DE LOS DESAHUCIOS"
Sobre el drama social de los desahucios, el sindicato opina que "el PP tiene la obligación con Andalucía, España y con Europa de aprobar la ILP sobre la dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social, en los términos que ha sido presentada, avalada por más de 1.400.000 firmas, y donde CCOO de Andalucía ha participada muy activamente, recogiendo más de 42.000, por el compromiso que tiene adquirido en combatir un sistema desigual e injusto".
En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal europeo, que "ha puesto en evidencia el sistema español hipotecario, profundamente injusto y que desprotege totalmente al deudor de buena fe en beneficio de los bancos". Esta sentencia, según CCOO, "obligaría al gobierno del PP a modificar la Ley Hipotecaria en el sentido que propone la Iniciativa Legislativa Popular".
CCOO también reclama que se estudie por parte de los servicios jurídicos de la Junta la viabilidad de actuaciones dirigidas al stock de viviendas en manos de los bancos nacionalizados y el Sareb, de manera que "puedan destinarse al alquiler, para las familias que han perdido su vivienda habitual, bajo un sistema de alquiler social". Y sobre la responsabilidad social de las entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público, les exige "la paralización de los procedimientos de desahucios de las familias hipotecadas".
Por último, en relación a la iniciativa del Gobierno autonómico de la función social de la vivienda, CCOO señala que se pronunciará "cuando conozcamos el contenido específico del Decreto Ley, ya que hasta ahora solo conocemos lo que aparece en las informaciones de los medios". "Esperamos que en la tramitación parlamentaria se escuchen nuestras propuestas y se tengan en cuenta", ha concluido.
