SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El teniente de alcalde, concejal de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), ha aclarado que Sevilla ha sido la única ciudad de España que consensuó los pliegos de adjudicación del Fondo Estatal de Inversión Local con empresarios y sindicatos antes de aprobarlos, constituyó una Mesa de Adjudicación formada sólo por funcionarios y que ha constituido una Comisión de Seguimiento donde están la patronal, CCOO y UGT, así como todos los partidos políticos, incluido el PP.
Por otro lado, ha señalado en un comunicado que, según la Junta Consultiva, los criterios de temeridad "no pueden ser establecidos por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, sino que tienen que venir contemplados en los pliegos de condiciones que fueron entregados tanto a los representantes de los empresarios como de los sindicatos, antes de aprobarse".
Gómez de Celis ha defendido, además, la solvencia de las empresas que han logrado contratos del Plan 8.000, el 75 por ciento radicadas en Sevilla capital y provincia, y ha censurado que "la actuación reprochable de una empresa pueda manchar la imagen y buen hacer del empresariado sevillano". "Creo que el empresariado sevillano está a la altura de la circunstancia y ha sabido competir con otras empresas logrando un alto porcentaje de adjudicaciones a pesar de la gran competencia que ha habido".
El teniente alcalde ha añadido que el Ayuntamiento está igual de interesado y preocupado que la patronal y los sindicatos en la creación de empleo de calidad en nuestra ciudad y por ello, "desde el principio se dio instrucciones a los funcionarios de la Mesa de Contratación para garantizar la solvencia financiera y técnica exigida a las empresas, los programas de trabajo y plan de seguridad y salud, así como el estricto cumplimento de los pliegos administrativos y técnicos".
"Agradezco que los agentes sociales nos adviertan de cualquier anomalía que detecten, nuestros servicios técnicos las comprobaran inmediatamente y si son ciertas se aplicará la normativa vigente sancionadora", ha recalcado.
Por el contrario, ha criticado al PP, ya que "cuestionando el proceso de adjudicación, cuestiona a nuestros funcionarios públicos, únicos intervinientes en dicho procedimiento", ha dicho Gómez de Celis. El Gobierno de la ciudad quiere "romper una lanza" en favor de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Sevilla. Tanto los que han participado en las más de 150 adjudicaciones del Plan 8000 y Plan Proteja, como en favor de todos los que se han "dejado la piel" para que se cumplieran las formas y los tiempos de estos planes.
"El PP en su exclusivo afán destructivo es capaz de injuriar a funcionarios públicos con tal de creer que le hace daño al Gobierno Municipal. El PP, así mismo, cae en la mayor de las deslealtades que se puede cometer por un partido político en la oposición ya que forma parte de una Comisión de seguimiento del Plan 8000 y Proteja, a la que en ningún momento ha dirigido ningún tipo de denuncia. El PP prefiere ir a los medios de comunicación, en vez de utilizar los órganos democráticos a los que pertenece", ha explicado el concejal de Presidencia y Urbanismo.
CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y MECANISMOS DE CONTROL
La solvencia técnica de las empresas, según el concejal socialista, queda garantizada en los pliegos, puesto que se ha exigido a las empresas la clasificación requerida en la legislación de contratos y en las no sujetas a clasificación se ha exigido, tal como establece igualmente la normativa, una relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, indicando importes, fechas de ejecución, y acompañado de certificados de buena ejecución.
Así, el mínimo de solvencia técnica que se ha exigido ha sido la ejecución de dos obras de naturaleza análoga al objeto de licitación que representen un importe conjunto igual o superior a la cuantía del contrato, hecho por el que se han excluido las empresas que no disponían de la solvencia exigida.
En cuanto a los mecanismos de control de la creación de empleo y plazo de ejecución, están recogidos tanto en los pliegos como la normativa estatal y se ha exigido a los contratistas la aportación de un programa de trabajo desglosado, con el volumen de mano de obra a ocupar en la ejecución y periodos de ocupación.
Este programa de trabajo ha sido solicitado a las empresas que ofertaban un volumen de mano de obra desmedido antes de la adjudicación de acuerdo a los criterios establecidos por los técnicos de la Mesa de contratación, que acordó con carácter general, "para aquellas ofertas de empleo que excedan de la estimación de mano de obra indicada en el proyecto técnico aprobado, habrá de requerirse a las empresas el plan de trabajo de la oferta de empleo presentada, y valorarse técnicamente su viabilidad técnica y económica para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción de la Administración", por lo que en los casos en que los servicios técnicos han considerado inviable la oferta se ha adjudicado a otra empresa.
