La Junta reconoce la titularidad en dos casos, no cree probada la propiedad en 17 de los pisos y se produce una renuncia voluntaria
SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las familias de etnia gitana exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, instaladas nuevamente entre el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache y el puente de Juan Carlos I tras varios desalojos, advirtieron hoy de que las viviendas rescatadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio fueron "pagadas en efectivo" cuando este colectivo desembarcó en las Tres Mil Viviendas.
Una de las portavoces de las familias, Aurora, dijo a Europa Press que este colectivo lamenta que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio haya resuelto de forma negativa 17 de los 41 expedientes incoados en cuanto al régimen de ocupación de las viviendas públicas del Polígono Sur que estas personas habitaban antes de abandonar la zona tras el citado tiroteo. Mientras la Junta considera que, en 17 de los casos, sus antiguos moradores "no han acreditado el justo título de dominio", ella advirtió de que los pisos "fueron pagados con dinero en efectivo".
En ese sentido, esgrimió el pago de las viviendas para advertir de que "aunque verdaderamente no tengan papeles", las 17 viviendas en cuestión "son suyas", lo que le llevó a asegurar que las 17 familias cuya titularidad no ha sido reconocida por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio "van a denunciar esto". "Veremos a ver qué pasa", dijo.
La investigación iniciada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre las 41 viviendas públicas abandonadas por estas familias, --exiliadas del Polígono Sur tras el tiroteo en el que murió un joven víctima de una bala perdida--, ha resuelto ya que en 17 de los casos, los antiguos moradores "no han acreditado el justo título de dominio" sobre los inmuebles, mientras según las fuentes consultadas por Europa Press, dos de las familias inquilinas han acreditado debidamente "el justo título de dominio" y en uno de los casos se ha producido una renuncia voluntaria.
Así, permanecen "en trámite de audiencia" 21 expedientes correspondientes a otras tantas viviendas abandonadas pese a los dos intentos protagonizados por este colectivo por recuperar estos pisos del Polígono Sur.
UNA BALA PERDIDA
Numerosas familias arraigadas en el entorno marginal de las Tres Mil Viviendas huyeron de la zona por temor a "represalias" como consecuencia del tiroteo que el pasado 29 de marzo se saldó con la muerte de un menor de etnia gitana de 17 años en la calle José Sebastián Bandarán, donde una bala perdida alcanzó en la cabeza al menor mientras presenciaba el intercambio de disparos entre clanes de etnia gitana desde un todoterreno conducido por su propio padre.
Estas familias abandonaron el Polígono Sur prácticamente al día siguiente de que se produjera este tiroteo, si bien la muerte del menor no aconteció hasta días más tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío.
Mientras la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintaba las viviendas abandonadas para esclarecer su régimen de ocupación, pues se trata de viviendas públicas, estas familias que ya protagonizaron en 2004 el desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales crearon un asentamiento de infraviviendas entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan, de donde fueron desalojados el 3 de julio al ser suelos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Desde entonces, estas familias han sido expulsadas del Charco de la Pava, de la carretera que conduce a la base militar de El Copero y de dos enclaves de San Juan de Aznalfarache, con lo que actualmente se han instalado de nuevo junto al puente de Juan Carlos I a la espera de que se resuelva el conflicto vigente con el clan al que pertenecía el menor fallecido, que rechaza su retorno al Polígono Sur y que habría amenazado con vengar la muerte del joven.
