Chamizo pide que Junta agilice la prestación del salario social ante la "dificultad para sobrevivir" de muchas familias

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reclamó hoy a la Junta de Andalucía que agilice los trámites para la concesión del ingreso mínimo de solidaridad o salario social dirigida a personas en riesgo de exclusión social ante la "dificultad de muchas familias andaluzas para sobrevivir" como consecuencia de la crisis económica.

Chamizo, quien hizo entrega hoy a la presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Coves, del Informe Anual de la institución correspondiente a 2009, integrado por el mayor número de quejas de la historia de la institución, 6.245, pidió que los plazos para que los solicitantes reciban estas ayudas --de 368,88 euros al mes durante seis meses--, se reduzcan de los seis meses actuales a dos "como máximo".

También insistió en que se apruebe "de una vez por todas" la Ley de Inclusión Social, que sustituirá esta figura por la de la renta básica y que se encuentra aparcada actualmente por el Gobierno andaluz 'sine die'.

Según explicó, a pesar del aumento de presupuesto llevado a cabo por la Administración autonómica hasta dos veces el pasado año hasta alcanzar los 62 millones de euros, el incremento de las demandas de más de un 30 por ciento registrado con respecto a 2008 ha hecho que se "ralenticen demasiado" los trámites, algo "inaceptable" ante la "emergencia social" en la que viven actualmente muchas familias a causa de la crisis.

En este sentido, el Defensor resaltó que la crisis económica es el gran "telón de fondo" del informe de 2009, motivo que también ha llevado a muchas administraciones locales a acudir a la institución para quejarse de la imposibilidad de afrontar los gastos de los servicios sociales municipales y reclamar mayor financiación por parte de la Junta.

También han sufrido las consecuencias de la crisis las ONG y entidades sociales adscritas a varias áreas como la discapacidad o la inmigración, que han sufrido "importantes recortes" en las subvenciones que otorga la Junta de Andalucía para el mantenimiento de sus programas de atención a colectivos vulnerables.

Como "especialmente preocupante" definió el defensor el aumento de los desahucios por impago de alquiler o créditos hipotecarios que se ha registrado en el año 2009, circunstancia que ha obligado a la propia institución a mediar con los bancos para intentar revertir esta situación y gracias a lo cual unas 30 familias no han perdido su vivienda.

Lo mismo ha ocurrido en los Juzgados de lo Social, que durante 2009 se han visto "colapsados" por el aumento de litigios relativos, sobre todo, a los despidos laborales.

Por contra, según indicó el Defensor, si parece que la crisis ha tenido un efecto positivo en el área de educación, concretamente en el hecho de que ha descendido el índice de fracaso o abandono escolar temprano en Andalucía. "Las dificultades para acceder al mercado laboral actuales hacen que muchos jóvenes no abandonen o estén volviendo al sistema educativo", aclaró.

Por ello, pidió a la Consejería de Educación un "esfuerzo" para potenciar nuevos itinerarios educativos alternativos que despierten el interés de los alumnos, así como un impulso a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y advirtió que contra ello "no valen las excusas de la crisis", pues, según recordó, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "ha repetido que la educación es la prioridad".

FALTA DE PEDIATRAS

En el área de urbanismo, lamentó la "falta de respuesta" de los ayuntamientos ante la nueva Ley de Vivienda a la hora de facilitar terrenos a la Administración autonómica para construir, apuntando que para ello la cesión de solares puede ser una "oportunidad" e insistió en la necesidad de establecer una moratoria para la edificación en el litoral, algo que compensaría ante episodios de temporal como el que ha vivido recientemente Andalucía.

Por otro lado, el Defensor lamentó la falta de pediatras que sufre en la actualidad el sistema sanitario andaluz porque no hay médicos que cursen la especialidad, debido, fundamentalmente, a la "excesiva" nota de corte que imponen las universidades, una cuestión "que hay que resolver de manera urgente".

También en el ámbito de la salud, solicitó que el II Plan Integral de Salud Mental contemple planes individualizados de tratamiento para los enfermos mentales, sobre todo, para los que no tienen adherencia al tratamiento.

En lo relativo a la Ley de la Dependencia, reiteró la necesidad de reconocer la retroactividad de las ayudas las personas que fallecen mientras esperan una prestación de la Administración, así como la conveniencia de avanzar en la compatibilidad de los servicios. Además, advirtió de que el plan de austeridad anunciado por el Gobierno español "no puede afectar a las más de 100.000 personas que ya están recibiendo una ayuda o un servicio". "Qué recorten de otra cosa, pero de la Ley de la Dependencia, no", enfatizó.

De otro lado, consideró "excesivo" el número de presos que hay en Andalucía, 17.628, cifra que "no se corresponde con la situación de la delincuencia en la comunidad" y indicó que sigue siendo un problema, sobre todo en Sevilla y Jaén, el acceso de los presos enfermos a la sanidad, produciéndose la pérdida de varias citas "urgentes", lo que puede suponer, advirtió, que se "estén vulnerando su derecho a la salud".

En el área de medio ambiente, resaltó el "riesgo inaceptable" que suponen las operaciones de 'bunkering' en zonas sensibles ecológicamente como Algeciras y el Mar del Alborán, así como la incidencia que tiene la contaminación acústica en la salud de las personas.

Por último, solicitó a la Administración que vele por la protección del entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y de los pasos necesarios para contrarrestar la contaminación visual del patrimonio histórico y la protección del paisaje.