SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) ha registrado una proposición no de ley en la Cámara en la que reclama la derogación por parte del Gobierno central de las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, C's también demanda que el Gobierno de la Nación establezca mecanismos que permitan la transferencia a Andalucía del importe correspondiente de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la derogación, para destinarlas a cubrir los gastos de esta comunidad autónoma en asistencia jurídica gratuita.
Otra de las peticiones de este grupo parlamentario recogidas en la citada iniciativa consiste en que el Gobierno central destine a la partida de justicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el importe que la media europea destina a ella.
En la exposición de motivos, Ciudadanos explica que la Ley 10/2012 fija una tasa a los usuarios del sistema judicial para contribuir al sostenimiento de los costes de la actividad judicial y la justicia gratuita, sin que se haya tenido en cuenta para su cuantificación criterios de proporcionalidad ni la capacidad económica del justiciable, tal como prescribe la Constitución española.
A su juicio, esta ley no ha solucionado el problema de los retrasos en la justicia andaluza, ya que se están señalando juicios en los juzgados de lo Social y Mercantil para más de cuatro años vista, y ha privado del acceso a la justicia a quien no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas.
Además, para los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades, no ha llegado la exención, pese a que son de los sujetos más afectados negativamente por la actual época de crisis económica que está viviendo nuestra sociedad. Esta carga ha provocado, en muchos casos, que no accedan a la justicia, al no tenerse en cuenta la capacidad económica de las mismas.
