SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) ha valorado la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que el pasado miércoles aprobó el Pleno del Parlamento andaluz como "un avance normativo para facilitar que determinados derechos humanos como al acceso al agua potable y al saneamiento de todas las personas sea por fin una realidad en viviendas en suelos no urbanizables".
En un comunicado, la CALU ha saludado así "con alegría" dicha reforma legislativa, "sin menoscabo de considerarla claramente insuficiente", según apostilla, "por poner cortapisas innecesarias al acceso a esos servicios a las viviendas sitas en suelos en proceso de regularización, y que incomprensiblemente ven endurecidas las condiciones para acceder a algo tan elemental, a la aprobación de instrumentos de ordenación pormenorizada, o al ajuste de los proyectos de suministros de estos servicios a un proyecto de urbanización".
La CALU subraya que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en una resolución "el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos", así como exhortó "a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología, y a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos".
Así, la CALU afirma que "el acceso a dichos servicios en la Andalucía del siglo XXI no puede demorarse" y "deben arbitrarse medidas transitorias que los hagan accesibles de manera inmediata a todas las personas, sean cual fuere el estado de regularización de las viviendas que constituyen su domicilio, para que podamos decir, y con razón, que en nuestro país se respetan los derechos humanos".
En esa línea, esta confederación aboga por que el Parlamento redacte y apruebe "una ley que sustituya a la actual LOUA que rompa con la dinámica de la actual legislación". "Debe priorizarse el uso residencial de los suelos actualmente ocupados por viviendas, sobre nuevas transformaciones del suelo rústico, rompiendo así con la dinámica de condena a terminar convertidos en guetos de pobreza y marginalidad; guetos que adicionalmente y en perjuicio de todos, suelen resultar nefastos desde el punto de vista humano y medioambiental", incide.
Para la CALU, la "justamente denostada" LOUA, "nacida en plena burbuja inmobiliaria, en el año 2002, en la práctica está enfocada a regular la edificación de nueva planta en terrenos que los sucesivos planes iban clasificando como urbanizables", y "no solo dejaba en el olvido buena parte de las viviendas existentes, sino que al hacer extensiva su normativa a las edificaciones antiguas, iba dificultando más su regularización, y por ende, el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y la energía eléctrica, de multitud de personas que tienen en ellas su domicilio habitual".
La CALU finaliza indicando, en relación al acceso al agua potable y al saneamiento en las viviendas en suelos no urbanizables, que "no es tiempo de fijar la atención en el establecimiento de condicionantes, sino de arbitrar soluciones inmediatas que transitoriamente satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos que ya no pueden esperar más", de ahí que "insta al Parlamento de Andalucía a que dé ese paso, y que responda al justo clamor de tantas personas con derecho a tener unas condiciones de vida y salud dignas". "Sin más retrasos, deben promulgarse esas medidas que les permitan acceder de manera inmediata a esos derechos", sentencia el colectivo.
