La Comisión de Protección Civil de Andalucía respalda el anteproyecto de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma

Miembros de la Comisión de Protección Civil de Andalucía
Junta
Actualizado: miércoles, 1 julio 2009 15:58

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Protección Civil de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Gobernación, emitió hoy un informe favorable al Anteproyecto de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, valorando especialmente el apartado dedicado a la prevención de inundaciones y sequías.

Este organismo está integrado por 25 vocales, en representación de los ayuntamientos y diputaciones, la Administración central y 10 de las consejerías de la Junta de Andalucía ---además de Gobernación las de Presidencia, Economía y Hacienda, Innovación, Ciencia y Empresa, Obras Públicas y Transportes, Empleo, Agricultura y Pesca, Salud, Educación y Medio Ambiente--.

Asimismo, debe pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con la planificación de emergencias, una materia que coordina la Dirección General de Política Interior de la Consejería de Gobernación.

La Comisión de Protección Civil destacó la importancia de que el desarrollo de la futura Ley de Aguas se realice de una forma armonizada con la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía (Ley 2/2002), marco general de coordinación ante cualquier incidente que se produzca en la comunidad autónoma.

La futura Ley de Aguas, que incorpora la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales para garantizar la unidad de cuenca, dedica un capítulo a la regulación de las medidas para prevenir y hacer frente a inundaciones y sequías. En el primer caso, se incluye la elaboración de estudios de evaluación de riesgos y mapas de peligrosidad con el fin de delimitar las zonas inundables de la comunidad y desarrollar los correspondientes planes de prevención.

En cuanto a la sequía, los programas de medidas incluidos en los Planes Especiales de Sequía dispondrán de las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presten servicios de interés general. La Ley obliga a que los municipios o sistemas supramunicipales de más de 10.000 habitantes aprueben sus propios planes ante situaciones de sequía.