Publicado 19/04/2021 18:58CET

El comité de Mercasevilla celebra el archivo pero pregunta por el "resarcimiento" tras morir tres de los investigados

Archivo - Marcha en defensa de Mercasevilla
Archivo - Marcha en defensa de Mercasevilla - ARCHIVO

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la sociedad Mercasevilla, perteneciente al Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha celebrado el auto mediante el que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis, José Ignacio Vilaplana, ordena el sobreseimiento provisional de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por la entidad en 2003 y 2007, respecto a once miembros de dicho órgano de representación de la plantilla que estaban investigados en tales diligencias.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha explicado a Europa Press que los miembros de dicho órgano de la plantilla hasta ahora investigados en estas diligencias han recibido como una "buena noticia" el mencionado auto, en el que el juez José Ignacio Vilaplana archiva provisionalmente la causa contra estos representantes sindicales de la sociedad gestora del mercado central hispalense.

A la espera de que dicho auto "sea declarado firme", según Rafael Domínguez, abarcado por la mencionada resolución judicial, el comité de empresa atisba "que por fin acaba el sufrimiento", si bien Domínguez ha precisado que tres de los sindicalistas investigados en estas actuaciones han "fallecido" ya.

Al respecto, Rafael Domínguez ha preguntado retóricamente "quién resarce" esa situación y "los años viviendo con un pellizco en el estómago". "Esperemos que el auto sea declarado firme", ha insistido.

En el citado auto, el juez instructor ordena el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto a los citados once miembros del comité de empresa de Mercasevilla; y el que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, condenado inicialmente por el cohecho de Mercasevilla pero finalmente absuelto del mismo por el Tribunal Supremo.

LOS PROCESADOS

En paralelo, el juez ordena continuar las diligencias como procedimiento abreviado contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de Hermes Consulting; por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Todo ello, con relación a la presunta ilicitud de las ayudas autonómicas concedidas por la Consejería de Empleo, "extramuros de cualquier legalidad", para las primas de las pólizas de seguro de rentas colectivas suscritas con relación a las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la empresa Mercasevilla.

Se trata, en concreto, de una subvención de más de 5,6 millones de euros para el ERE de 2003 y una ayuda más superior a 6,9 millones de euros para el procedimiento de 2007.

LOS ERE DE MERCASEVILLA

El juez analiza así las ayudas otorgadas en relación a los dos ERE de Mercasevilla y el papel de cada uno de los investigados, aseverando que, de lo actuado, "se deduce que las ayudas concedidas a Mercasevilla carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad", a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero; "sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos".

En relación a Antonio Rivas, el juez considera que "cabe entender indiciariamente acreditado que, en el periodo de tiempo a que conciernen los dos ERE de Mercasevilla, conocía que las pólizas de seguro de rentas (de los ERE) podían o iban a ser financiadas con dinero público", pero "no existen indicios sólidos de que haya tenido una intervención con suficiente relevancia causal en la decisión administrativa de otorgarse las ayudas y en la correlativa salida de dinero del erario público en forma tan irregular", motivo por el cual ordena el sobreseimiento provisional de la causa respecto a él.

En cuanto a los miembros del comité de empresa, para los cuales adopta la misma decisión, indica que aunque participaron en las negociaciones de los ERE de 2003 y 2007, dicha actuación "aislada no permite, en ausencia de otras evidencias de las que se deduzca una mayor implicación, acordar la continuación de las actuaciones respecto de los mismos", ya que dicha intervención "resulta insuficiente para sostener que tenían capacidad de disposición o de decisión sobre el otorgamiento de las ayudas ilícitas objeto de la causa".

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