Asevera que "el caldo de cultivo de la corrupción no es una u otra ideología, sino el abuso y el provecho ilícito del poder"
SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido este viernes la independencia de los fiscales españoles, que "no se dejan presionar ni se dejan confundir" y que son "impermeables a toda acción política", señalando que "cumplen con su obligación de aplicar el Derecho estricta y rigurosamente, y prueba de ello es la solidez con que su acción avanza a pesar de los obstáculos".
Conde-Pumpido ha participado en la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' con la conferencia 'La función de la Justicia Penal en una sociedad democrática', acto al que han asistido la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno; el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro; el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, o el decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, entre otras personalidades.
De este modo, Conde-Pumpido, que ha sido presentado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Miguel Carmona, ha señalado que el hecho de que la Constitución establezca que la designación del fiscal general se produce a propuesta del Gobierno "se encuadra en un conjunto de garantías dirigidas a asegurar que, precisamente, esa propuesta sea el principio y el final del vínculo entre el Gobierno y el Ministerio Público, impermeable a partir de ahí a toda acción política".
Al hilo de ello, ha explicado que el fiscal "no ejerce su función en nombre del Gobierno, sino en representación de la sociedad, siendo el portavoz del interés colectivo de los ciudadanos, que se concreta en la demanda de seguridad, Justicia y paz social", un interés "que a veces coincide con la visión del Gobierno, otras con la de la oposición, y en la mayor parte de los casos no parece coincidir con ninguno de los dos".
"TODO EL QUE COMETE UN DELITO ES UN DELINCUENTE"
Según ha añadido Conde-Pumpido, "así es como el Ministerio Fiscal formula 300.000 acusaciones por delito al año, y obtiene condenas en un altísimo porcentaje de los casos, en toda clase de delitos, contra infractores de todo tipo". "Hoy en España los fiscales están presentando más de 1.000 escritos de acusación, y el fiscal general del Estado no tiene posibilidades ni medios para controlarlos todos", ha aseverado.
"Es inevitable que esa acción de los fiscales en defensa del interés general nos enfrente a intereses particulares, en ocasiones a poderosísimos intereses cuyos titulares no se aquietan a nuestro intento de llevar su conducta ante los tribunales", según ha proseguido el fiscal general del Estado, quien ha añadido que "la Justicia Penal, en democracia, está obligada a perseguir todos los delitos, los cometa quien los cometa".
Así, ha indicado que "todo el que comete un delito es un delincuente, cualquiera que sea su posición social, el cargo que ocupe o la legitimidad que le adorne, y ha de ser tratado, por tanto, con todas las garantías que la Ley le otorga, pero con el rigor que exige el principio constitucional de igualdad ante esa misma Ley". "No caben las excepciones", ha afirmado, señalando que "no podemos aceptar que la solidaridad o el auxilio de quienes pertenecen a su mismo ámbito, muchas veces a su mismo partido, se convierta en excusa o en una forma de presión y de descalificación a los fiscales que le acusan, todo ello como instrumento para conseguir la impunidad".
"DOBLE RASERO"
Además, Conde-Pumpido ha señalado que en el Ministerio Fiscal español "hemos escuchado paciente y reiteradamente que empleamos un doble rasero a la hora de perseguir las conductas de corrupción en el ámbito de la política, y hasta nos dijeron que había un informe que lo demostraba". "Desde luego nunca llegamos a ver ese informe", ha aseverado, agregando que desde la Fiscalía sí se llevó un informe "muy detallado" al Parlamento "que reflejaba una realidad bien distinta".
En este punto, el fiscal general del Estado ha precisado que, una vez examinados los 700 procedimientos penales por corrupción en los que había implicados cargos públicos, "resultó que existía una proporción directa, casi exacta, entre el grado de representación de los distintos partidos en órganos de gobierno y el número de investigaciones seguidas contra sus afiliados", lo que "era la prueba empírica de una evidencia notoria, y es que el caldo de cultivo de la corrupción no es una u otra ideología, sino el abuso y el provecho ilícito del poder".
