Consejo.-Aprobado el proyecto de LFA, que en principio mantiene el 'estatus quo' en cuanto a la propiedad de la farmacia

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de Ley de Farmacia de Andalucía (LFA), una norma que regulará la planificación y ordenación de los servicios farmacéuticos y que, en principio, mantiene el 'estatus quo' en cuanto a que la propiedad de las oficinas de farmacia recae en exclusiva en el titular de este tipo de establecimientos, que tiene que estar en posesión de la titulación de Farmacia.

A preguntas de los periodistas tras su comparecencia al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Salud, María Jesús Montero, se refirió de esta forma al "amplio debate" que está existiendo en torno al dictamen motivado de Bruselas, que pide que en España se liberalice el sector de las oficinas de farmacia, así como por la Ley de Sociedades Profesionales, que abre la puerta a que un 25 por ciento de la propiedad de estos establecimientos pueda provenir de capital ajeno.

Frente a este contexto, Montero explicó que el proyecto de LFA "lo que hace es respetar la Ley básica estatal" vigente, si bien reconoció el "amplio debate existente en este tema cuando se aprobó la Ley de Sociedades Profesionales, en la que en una disposición adicional se excluía la regulación que tiene que ver con las oficinas de farmacia", es decir, "que en el caso de las oficinas de farmacia les sería de aplicación su normativa propia".

No obstante, reconoció lo "controvertido del tema, ya que la interpretación de la Ley está en discusión no sólo en España sino en el dictamen motivado de la Comisión Europea".

Por ello, aclaró que el Gobierno andaluz "lo único que ha hecho en este sentido es transponer la normativa estatal", si bien matizó que, "en el caso de que dicha normativa se modifique en el futuro con motivo de las resoluciones de la Comisión Europea, habría que incorporarla en el ordenamiento español y, por extensión, en el andaluz".

En cualquier caso, aseguró que, "hoy por hoy, lo que se recoge en la LFA es lo que establece el Gobierno de España en su normativa estatal, en donde lo que se pide para ser propietario o titular de una oficina de farmacia es estar en posición del título", sentenció.

En cuanto a la apertura y titularidad de las farmacias, recalcó que la LFA "establece la obligatoriedad de que la autorización para la apertura de una farmacia sea solicitada por una farmacéutico titular", aunque "podrán participar de la titularidad de la mismas otros farmacéuticos que posean la titulación".

LFA: RANGO LEGAL A LAS POLÍTICAS DE USO RACIONAL DEL FÁRMACO

De otro lado, Montero explicó que la aprobación de este proyecto de Ley de Farmacia de Andalucía garantizará también un acceso de "calidad" a los medicamentos, así como una "mayor transparencia" en la adjudicación de las oficinas. Así, la norma dará rango legal a las políticas de uso racional del medicamento que se vienen desarrollando durante los últimos años en la comunidad autónoma, como la prescripción por principio activo.

Respecto a los servicios, y frente al anterior sistema de adjudicación a instancias del farmacéutico, el texto establece que será la Consejería de Salud la que asuma la planificación mediante convocatorias públicas.

De este modo, fijará los lugares en los que se pueden abrir las nuevas oficinas de farmacia, flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional. Con ello se pretende ajustar la oferta a la demanda real y a los crecimientos demográficos.

POBLACIONES DE MENOS DE 1.000 HABITANTES

Además, se permitirá la instalación de nuevas oficinas en núcleos rurales o de expansión urbana con un mínimo de 1.000 habitantes, así como en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos. Esto supondrá, en una primera fase, la apertura de unas 250 nuevas farmacias en las ocho provincias, que en un plazo medio podrían alcanzar las 500.

El proyecto de ley también prevé la apertura de servicios farmacéuticos en todos los distritos de atención primaria y en los hospitales de más de cien camas. En el caso de los centros sociosanitarios públicos o privados, la instalación dependerá del número de plazas y del tipo de atención farmacológica que precisen las personas residentes.

La adjudicación de nuevas farmacias se realizará siempre mediante concurso público, atendiendo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito. El baremo tendrá en cuenta los méritos académicos, la formación posgraduada, la experiencia profesional y la discapacidad física.

VENTA DE FARMACIAS

El farmacéutico que quiera vender su oficina tendrá que hacer público el precio de venta, y el nuevo adjudicatario será aquel que obtenga la mayor puntuación en el baremo de méritos dentro del registro creado al efecto. La norma regula también las condiciones para los traslados, los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de las oficinas de farmacia e incluso la posibilidad de que puedan contar con un servicio de distribución de medicamentos a domicilio.

Además, el proyecto incluye un sistema de acreditación para las oficinas de farmacia y los servicios farmacéuticos, orientado a la mejora del servicio y a la garantía de la prestación.

PROMOCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS HUÉRFANOS

En cuanto a los denominados medicamentos huérfanos, es decir, aquellos indicados para enfermedades raras (que afectan a cinco de cada 10.000 personas) y que no tienen el respaldo de la industria farmacéutica para su desarrollo, el texto legal incorpora como uno de sus objetivos la promoción de la investigación y de la producción en este campo a través de un plan específico.

Preguntada por si la LFA puede abrir una estrategia conjunta entre el PSOE y el PP a la hora de incorporar la prescripción por principio activo al resto de normativas autonómicas de regulación de oficinas de farmacia --la andaluza será la primera en ver la luz--, Montero mostró su confianza en que el PP "creo que no se va a oponer a una política que tiene unas evidentes garantías de calidad y que al Gobierno andaluz "le ha supuesto ya un ahorro de 180 millones de euros que han podido destinarse a otras necesidades importantes para Andalucía".

Además, dijo que otras comunidades gobernadas por el PP "ya han visitado Andalucía para conocer este modelo de prescripción, el cual también está avalado por la OMS".

"Espero que esta prescripción cuente con el apoyo de todos los grupos políticos parlamentarios y que este elemento no sea de discrepancia en torno a la Ley", añadió Montero, quien dijo que la ley estatal de uso y garantías del medicamento en vigor también contempla este tipo de prescripción, gracias a una enmienda incorporada por la Junta al objeto de que todo el territorio español tenga la posibilidad de prescribir en base a esta fórmula".

"Por tanto, espero que haya consenso y estoy convencida de que servirá de referente para leyes futuras de otras comunidades autonómicas", concluyó.