Consejo.- La Junta prepara una Ley de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad en la cadena de alimentos

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó hoy el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de seguridad alimentaria, una norma con la que la Administración autonómica pretende "garantizar" la trazabilidad de los alimentos a lo largo de todo el proceso de la cadena alimenticia.

Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Salud, María Jesús Montero, destacó que la futura Ley nace con el objetivo de "proteger la salud de los andaluces ante posibles riesgos en el consumo de alimentos" derivados de su mal estado.

De igual modo, subrayó que con esta herramienta se reforzarán los controles que la Administración sanitaria andaluza establece en materia de seguridad alimentaria en la comunidad, para lo cual la futura norma establece la creación de lo que será la Agencia de Seguridad Alimentaria de Andalucía.

De acuerdo con este enfoque, la norma implantará "un sistema de trazabilidad" con el que la Junta prevé disponer de toda la información relativa a los alimentos de consumo humano, desde que el producto se encuentra en su etapa de producción y manufactura, pasando por su distribución y hasta que llega a la mesa del consumidor.

Montero subrayó que la trazabilidad de los alimentos "nos permitirá no sólo seguirles la pista, sino ganar un tiempo precioso cuando se detecte una alerta sanitaria, ya que sabremos en que punto de la cadena se ha originado el problema alimenticio".

"En los últimos años han sido las propias empresas las que han realizado un esfuerzo en la trazabilidad de sus productos, de acuerdo con lo que establecen las propias directivas europeas en esta materia", continuó la titular del ramo, quien, con todo, añadió que con la futura norma "se establecerá por primera vez que las empresas garanticen --por Ley-- la trazabilidad de sus productos".

Además, la norma exigiría que los empresarios "tengan actualizada toda la información de sus alimentos", una documentación que "tendrá que estar disponible en todo momento para la Administración para que, en caso de que se detecte una sospecha alimenticia, se proceda a su retirada y/o eliminación" de la partida afectada.

RECUPERAR LOS PRODUCTOS DE LA MESA DEL CONSUMIDOR

"La empresa también tendrá que recuperar esos productos afectados, aunque ya hayan llegado a la mesa del consumidor, y comunicar la alerta a las autoridades", insistió Montero, quien concretó que la Ley "reforzará también medidas sobre la proporcionalidad del riesgo para que no afecten más de lo necesario a la propia actividad empresarial".

Al hilo de ello, avanzó que su departamento comenzará, "la próxima semana", una ronda de contactos con el sector empresarial dedicado a éste área, al objeto de "consensuar esta Ley". Añadió que la tramitación de la Ley "se enriquecerá con las alegaciones que planteen" los distintos sectores implicados.

De igual modo, la consejera del ramo afirmó que la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria tendrá como misión, entre otros aspectos, "establecer los criterios de ordenación de la red de alerta, establecer planes plurianuales de seguridad, promocionar los estudios científicos sobre esta materia y tipificar el régimen sancionador", el cual catalogará las infracciones alimenticias de 'graves' o 'leves'.

Además, precisó que la Agencia de Seguridad Alimentaria de estará adscrita a las Consejería de Salud, aunque contará con la representación de las consejerías de Presidencia, Agricultura y Pesca, Gobernación y Medio Ambiente.

CASOS COMO VACAS LOCAS O ACIETE DE COLZA

Montero justificó la elaboración de este nuevo articulado, entre otros motivos, en la necesidad de actuar con celeridad ante una crisis alimentaria y recordó, a modo de ejemplo, las recientes crisis de las marcas de pollo contaminadas con salmonella, que afectaron en el verano pasado a varias comunidades autónomas. En la misma linea, se refirió a la crisis de las vacas locas o al aceite de colza.

En 2005, concluyó Montero, la Junta realizó 276.000 visitas de inspección sanitaria a establecimientos del sector y gestionó 206 alertas sanitarias.